Así lo recoge el manifiesto hecho público por el Cermi con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que este año centra su contenido en analizar esta ley, que en opinión del Comité “supone sin duda un importante avance social, pero no ha cubierto las expectativas de aumento de la protección social de las personas mayores y personas con discapacidad para las que nació”.

A su juicio, hay que implantar un auténtico y efectivo dispositivo de derechos sociales para las personas, incluyendo niños y niñas, que precisen de apoyos intensos para su autonomía personal.

“El modelo refundado tendría que insertarse dentro de la Seguridad Social, a fin de que se garantizara la igualdad y la equidad territoriales, y se alcanzara la mayor perfección del derecho subjetivo a la protección social”, añade el Cermi.

Además, explica que debe contar con financiación suficiente asegurada, sin copagos, para su correcto y rápido despliegue, atendiendo inmediatamente a todas las personas, incluida la infancia, en situación objetiva de necesidad de apoyos, “evitando lo que está ocurriendo en estos momentos, en que casi una de cada tres personas con prestación reconocida no la están recibiendo”.

En este sentido, el Cermi recuerda que la iniciativa legislativa popular (ILP) que puso en marcha durante todo el año pasado contra los actuales criterios de copago logró la adhesión de casi 740.000 españoles. El texto está todavía pendiente de ser debatido en el Parlamento, y el Cermi espera que cuente con el apoyo de todos los grupos políticos.

ENFOQUE DE GÉNERO

La plataforma representativa de la discapacidad en España advierte de que las mujeres son en número y en necesidad e intensidad de apoyos las principales demandantes de prestaciones y servicios del SAAD, así como las primordiales proveedoras de atención y cuidados, “por lo que el enfoque de género ha de presidir forzosamente el sistema, combatiendo los factores que abocan a las mujeres y niñas con discapacidad y mayores a una exclusión múltiple”.

Otro de los aspectos que ha de reformularse, en opinión del Cermi, es el abandono de las concepciones pasivas de atención a la dependencia, “con escasas, anticuadas y rígidas prestaciones y sin libre elección, para orientarlo a la promoción real de la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad, con la generalización de la desinstitucionalización y de las prestaciones como la de asistencia personal, hoy apenas extendida”.

En todo caso, el Cermi explica que la promoción de la autonomía personal y la vida independiente y la protección contra las situaciones de dependencia no agotan ni justifican la dejación o el debilitamiento de otras políticas públicas de inclusión como las de discapacidad, que tienen identidad y sustantividad propias y que han de reforzarse para alcanzar sus objetivos de extensión de derechos y de bienestar.

Por todo ello, la entidad hace hincapié en que “la grave crisis económica padecida por España en esta última década, las feroces políticas de austeridad y los recortes presupuestarios que han venido produciéndose en la esfera social no pueden ser por más tiempo la excusa para dejar languidecer el SAAD, sino que es el momento de lograr un acuerdo básico que lo convierta en un logro social irreversible”.