Catalá se refirió a esta cuestión en los pasillos del Senado, donde aseguró que el Gobierno tiene la “firme voluntad” de abrir “espacios de diálogo” con la Generalitat, pero advirtió a Puigdemont de que “nadie está por encima de la ley”.

Sin embargo, el ministro no quiso anticipar una respuesta jurídica a un Presupuesto catalán que incluya financiación para un referéndum independentista. “Cuando la ley esté aprobada y consideremos que exista algún tipo de irregularidad porque prevé créditos para obligaciones que no son propias de la comunidad autónoma, en ese momento haremos la valoración jurídico”, afirmó.

“HACER CUMPLIR LA LEY”

No obstante, advirtió de que, a pesar de la voluntad de diálogo del Gobierno, el Gabinete que preside Mariano Rajoy también tiene una obligación de “vigilancia” para “hacer cumplir la ley en toda España”.

“Todas las autoridades”, dijo Catalá, “estamos sometidas al cumplimiento de la ley, nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, en un presupuesto no se pueden destinar partidas económicas a asuntos que no son competencia de la comunidad autónoma”.

Sin embargo, el ministro insistió en no querer anticipar “ninguna conflictividad” con el Ejecutivo de Puigdemont, puesto que si cuando se aprueben los presupuestos catalanes hay alguna “discrepancia”, existen “mecanismos para encontrar solución a los conflictos incluso antes de la impugnación”.