La iniciativa que presentó el PSOE, aunque incorporó propuestas de otros grupos, obtuvo 20 votos a favor y 14 en contra. El texto fue defendido por la diputada socialista Elvira Ramón, que denunció “un balance demoledor” cuando está a punto de cumplirse el décimo aniversario de la Ley de Dependencia. Aunque el sistema, recalcó, está “totalmente implantado”, aún hay 360.000 personas en lista de espera, los servicios son “menos y peores” y las prestaciones “insuficientes”.

En este punto, señaló que en 2015 el Estado aportó de media el 18% del presupuesto del sistema frente al 82% que procedió de las comunidades autónomas. “Es necesario un cambio de rumbo, financiarlo adecuadamente y garantizar los derechos de la ciudadanía”, aseveró.

Los tres aplazamientos del calendario que se han producido, la reducción de los fondos en cinco presupuestos generales, un “demoledor decreto ley” y el incremento del copago devolvieron “a la penumbra a las personas dependientes que habían empezado a ver la luz”, aseveró, en referencia a las 400.000 personas en grado uno (dependencia moderada) que vieron postergado su derecho hasta un año después (2015) y los 170.000 cuidadores, principalmente mujeres, que quedaron fuera de las cotizaciones “y vieron mermado su derecho a tener una pensión digna”.

Por parte del Grupo Mixto se presentaron dos enmiendas. Una la defendió Íñigo Jesús Alli (UPN), que precisamente recordó que “la filosofía” inicial de la Ley de Dependencia era que se financiase a partes iguales entre el usuario, el Estado y las comunidades autónomas, con un tercio cada uno. Sin embargo, recalcó que, “al menos en Navarra”, el copago aporta el 21%, el Estado el 9% y el 70% las comunidades autónomas.

Por su parte, Carles Campuzano (CDC), compartió el relato de los socialistas pero criticó que la ley nunca tuvo un escenario “realista de penetración” y que el PSOE no estudió correctamente el entorno en el que se debería desarrollar. Así, dijo que la citada ley que era más propia “de los años 80 que del siglo XXI” y que, además, invadía competencias.

PACTO POR LA DEPENDENCIA

También propuso enmendar el texto Ciudadanos, que pidió “un pacto por la dependencia” para garantizar la integración de los servicios sociales “con financiación estable y suficiente” y “no engañar a la gente” dada “la situación de las arcas del Estado”, en relación a una enmienda sobre la redacción del texto: “No podemos prometer algo que no se sabe si se va a cumplir”, aseveró la diputada Marta Martín sobre el hecho de prometer aumento presupuestario.

Desde Podemos, Ana Belén Terrón recalcó que la atención sea “pública”. En su intervención, denunció que “una de cada tres personas dependientes no está recibiendo ninguna prestación ni ayuda” y que “al ritmo que llevamos” la lista de espera en la que se encuentran más de 400.000 personas se acabaría en 16 años.

Terrón reprochó a los miembros del Gobierno “que no se pueden llamar provida” cuando, en su opinión, atentan “contra el Estado de bienestar”. “Para defender la vida hay que procurar que se lleve a cabo de la mejor manera”, aseveró. “Más de 126.000 dependientes se murieron esperando, ¿alguna vez se han planteado si se podría haber salvado alguna vida?”, cuestionó en referencia a los más de 3.000 millones en recortes que su grupo calcula que se han producido y que “se han cobrado vidas”.

María Dolores Marcos apuntó que el Grupo Popular no apoya la iniciativa porque la considera “partidista” y pretende “desandar” el camino recorrido hacia “una situación peor”. “En todos estos años”, dijo, el Gobierno de Rajoy “ha garantizado en todo momento la atención a las personas” con el reconocimiento del derecho y prestaciones y se excusó en que la ley, promovida bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, contemplaba que los beneficiarios participaban en la financiación en un 36%, según la memoria económica de 2006, y que actualmente es del 28%.

Respecto a la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores sentenció que “la razón de ser de esta ley son los dependientes” y que el Gobierno del PP fue quien acabó pagando la deuda que los socialistas dejaron en ese capítulo y que ascendía a 1.036 millones de euros.