Sanz presentó este lunes ante el Alto Tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2010, por la que se blinda el Concierto Económico Vasco, “por el extraordinario perjuicio que produce a La Rioja al eliminar todos los cauces de impugnación de las normas forales de carácter fiscal con una reforma totalmente arbitraria“.

El presidente autonómico afirmó en una rueda de prensa celebrada en el Centro Riojano de Madrid que "nuestra dignidad ha sido humillada o pisoteada por el concierto económico vasco", cuyo blindaje consideró "un privilegio inaceptable a aquellos que quisieron abusar".

Asimismo, añadió que el cambio de régimen impugnatorio “supone una merma constitucionalmente inaceptable de las garantías establecidas a favor de las personas físicas y jurídicas afectadas por las normas tributarias forales”, y es contraria al artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.

Pedro Sanz aseguró que este recurso es “la firme expresión de toda la sociedad riojana”, como expresaron con la presencia de los agentes económicos y sociales de La Rioja.

En la entrega del recurso han participado los representantes de la patronal riojana y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Sanz, que ha entregado personalmente en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de La Rioja, dijo que su Gobierno solicita la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley porque “el blindaje supone, en la práctica, la vulneración de principios constitucionales como la igualdad, los derechos de libertad de circulación, residencia y empresa, la unidad de mercado y la solidaridad y autonomía financiera.

El presidente autonómico reiteró que el recurso del Ejecutivo riojano “no va, en ningún caso, contra el Concierto Económico Vasco, recogido en la Constitución española y que respetamos, sino contra el abuso que las Diputaciones puedan ejercer, y de hecho ejercen, en la aplicación del mismo”.

Además, subrayó que dicho recurso es “contra un cambio de nuestra Constitución por la puerta de atrás y sin necesidad, porque llevamos más de 30 años conviviendo con el Concierto y se ha planteado su blindaje cuando La Rioja ha ganado numerosos recursos en los tribunales ordinarios contra el abuso en su aplicación”.

"CHANTAJE" A ZAPATERO

Por otra parte, el presidente riojano censuró que el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cediera al “chantaje del PNV y haya sido capaz de vender La Rioja por un puñado de votos para poder aprobar los Presupuestos del Estado” con el único fin de mantenerse en el poder.

A su juicio, esta forma de actuar del presidente del Gobierno demuestra una vez más “que no tiene principios ni palabra” porque, según explicó Pedro Sanz, en 2006 y en respuesta a una carta que él mismo le envío para que se opusiera a una proposición de Ley del PNV para blindar el Concierto Económico, Rodríguez Zapatero expresó “la firme oposición del Gobierno de España a apoyar iniciativa alguna que pueda suponer un privilegio para cualquier ciudadano español en función de su territorio de residencia, cumpliendo así con el inequívoco mandato constitucional“.

Según el recurso, el blindaje contraviene el artículo 106.1 de la Constitución al excluir de todo control jurisdiccional el ejercicio de la potestad en materia fiscal que tienen atribuidas las Diputaciones forales.

En este sentido, se señala que una ley estatal no puede excluir de ese control normas de carácter reglamentario, como son las emanadas de los territorios históricos vascos, porque la Constitución no lo permite.

El Gobierno de La Rioja considera que la nueva norma causa discriminación entre los españoles y elimina la posibilidad que tenían personas físicas y jurídicas de recurrir ante los tribunales si sus intereses se vieran afectados por las normas forales.

Explica que al Tribunal Constitucional le está vedado declarar la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias, porque dicho pronunciamiento corresponde en exclusiva a los tribunales ordinarios y los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad están reservados a normas con rango de ley.