Según Adepi, esa reforma de la Ley de Propiedad Intelectual convirtió en “ilegales” las copias que hacen los ciudadanos y perjudicó los intereses generales de los consumidores, motivo por el que las ocho entidades de gestión de derechos de autor miembros de esta asociación presentaron recurso contra ella.

Con el nuevo modelo, agrega, “España pasó a ser el único país de nuestro entorno que asumió con dinero público la remuneración por copia privada, creando inseguridad jurídica, apostando por un sistema más indiscriminado y perjudicando notablemente a los titulares de derechos y a los ciudadanos”.

Por ello, celebra el fallo del Supremo, que al declarar nulo el real decreto obliga a modificarlo y poner fin así “a un problema creciente desde 2011”.

Finalmente, Adepi insta a reformar con urgencia la norma, ya que la sentencia del Supremo destruye la actual estructura legal de la copia privada y no se establece que "el sistema es ‘transitorio’ hasta que la inminente Directiva la regule”.

Por último, Adepi invita al Ejecutivo a adoptar el modelo vigente en la mayoría de países de la UE, y le ofrece su colaboración a fin de llegar a una regulación adecuada.