En este caso, los trabajadores no tienen derecho a los salarios de tramitación, pero ya han anunciado que reclamarán daños y perjuicios por dejarles sin empleo en plena crisis económica.

La nulidad se ha acordado por una serie de incumplimientos de plazos, falta de informes y “una reiteración de vicios” que llevan a "la aparente realización de todos los trámites" de tal forma que el tribunal entiende que se produjo un “fraude de ley”.

La Feria de Valencia justificó la necesidad de aplicar un ERE por su delicada situación económica. La Feria tenía representación en su Patronato del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat. Contaba con 320 empleados y quedó en 214 tras aplicar 68 despidos a 38 días por año trabajado con un máximo de 16 mensualidades, 34 prejubilaciones y la ejecución de otras cuatro salidas para empleados a partir de 65 años.

La anulación se basa en la reducción injustificada del periodo de consultas, que se limitó a una jornada; la falta del informe de la Inspección de Trabajo, que llegó después de completarse todo el proceso, y una urgencia que hizo que entre el inicio del periodo de consultas y su resolución sólo pasaran 12 días.