EL CGPJ abre expediente disciplinario al magistrado Salvador Alba por su investigación a la juez Rosell
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa en relación con su actuación al frente del juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.
Según informó hoy el CGPJ, el promotor de la Acción Disciplinaria de esta institución, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, acordó este martes la incoación de un expediente disciplinario respecto a Alba para dilucidar si ha cometido dos faltas muy graves y otra grave de las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las faltas muy graves son las del artículo 417.8 -inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas- y 417.12 -revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona-.
El expediente también contempla la posible comisión de una falta grave del artículo 418.5, referido al exceso o abuso de autoridad.
INVESTIGACIONES A LA JUEZ ROSELL
Fonseca-Herrero abrió el pasado mes de mayo diligencias informativas contra Alba a raíz de la denuncia formulada contra él por la magistrada Victoria Rosell Aguilar, a quien sustituía en el juzgado tras la decisión de esta juez de concurrir como candidata a las elecciones generales y su posterior elección como diputada al Congreso con Podemos.
A esas diligencias se incorporaron después las grabaciones difundidas por varios medios de comunicación de una conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en un procedimiento que se tramita en el citado juzgado.
La falta grave de abuso de autoridad se habría cometido al utilizar Alba su condición de instructor de las diligencias previas 644/2014 para llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo y que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones.
Estos hechos a los que el juez investigado debería haber limitado sus pesquisas eran delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez.
(SERVIMEDIA)
08 Nov 2016
NBC/man