Esta orden fue aprobada por el exministro de Defensa Pedro Morenés el pasado mes de agosto y fija la jornada laboral de los militares en 37,5 horas semanales que podrían llegar hasta las 40 en casos de especial dedicación, estableciendo que “las necesidades de servicio prevalecerán sobre la fecha y la duración de los descansos”.

AUME consideró esta normativa un “hachazo” a los derechos de los militares, lo que se agravó por el hecho de que fuese aprobada por un Gobierno en funciones. Este colectivo subrayó que Defensa propinaba un “nuevo revés” a los derechos de los militares al “reducir y cercenar” sus descansos, regular los horarios “en función del jefe de turno, de tal forma que vuelve a aparecer en las Fuerzas Armadas un estado de servidumbre, impropio de unas Fuerzas Armadas modernas, propias de un Estado democrático y de derecho”.

Esto le sirvió para censurar que no se tiene en cuenta la disponibilidad permanente y su configuración legal en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, no se delimitan las necesidades del servicio, no se definen las necesidades operativas, no se regulan ni retribuyen las horas extraordinarias ni se pagan las guardias.

Esta decisión que ha tomado la Audiencia Nacional supone la primera “patata caliente” a la que tendrá que enfrentarse Cospedal al frente de Defensa y en la que tendrá que poner a prueba la capacidad de diálogo que le han reclamado las distintas asociaciones militares.

Las fuentes consultadas se muestran expectantes ante la respuesta que la nueva titular de Defensa ofrecerá a la decisión de la Audiencia Nacional, ya que de su modo de actuar se podrá colegir si está dispuesta a deshacer parte de la obra de su antecesor en el cargo o, si por el contrario, se muestra renuente a atender las demandas de las asociaciones militares.

El asociacionismo ha recibido la llegada de Cospedal como una oportunidad para reconducir el diálogo con el Ministerio de Defensa y espera que antes de desarrollar un nuevo paquete normativo en la materia ponga orden en los “grandes problemas” que las Fuerzas Armadas tiene ante sí: la temporalidad de muchos de sus miembros, especialmente de los efectivos de Tropa y Marinería, y el sistema de ascensos y promoción.