Manos Limpias contesta así al escrito presentado ayer por la Fiscalía, quien solicitó al Tribunal Supremo que no siente a Garzón en el banquillo de los acusados al entender que, en aplicación de la denominada "doctrina Botín", las acusaciones populares no tiene "legitimidad procesal" para pedir que se juzgue al juez de la Audiencia Nacional.

El sindicato, a través de una nota de prensa, acusa al departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido de incumplir "sistemáticamente" sus obligaciones constitucionales, de estar al servicio "de intereses partidistas" y de primar las consideraciones políticas sobre las "estrictamente legales". "Hechos punibles hubieran quedado impunes a no ser por la acción popular", asegura Manos Limpias.

BOTÍN CONTRA ATUTXA

El escrito presentado por la Fiscalía ante el Alto Tribunal argumentaba que el mismo principio por el que el propio Tribunal Supremo decidió a finales de 2007 absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, es aplicable en el caso de Garzón. En cambio, Manos Limpias asegura que la "doctrina Botín" fue anulada por la posterior "doctrina Atutxa".

En la "doctrina Botín", el Supremo determinó que un procedimiento no puede seguir adelante sólo con la acusación popular, cuando ni el fiscal ni el perjudicado directo ejercen ese derecho. En el caso de Atutxa, el Supremo estableció que sí basta con la acusación popular para llevar a juicio a personas acusadas de delitos en los que no puede existir un perjudicado directo, como es el caso del delito de prevaricación.

La "doctrina Atutxa" permitió a la Sala de lo Penal Tribunal Supremo juzgar y condenar a un año y medio de inhabilitación al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. El dirigente del PNV fue condenado en abril de 2008 por un delito de desobediencia por no haber disuelto el grupo parlamentario que Batasuna tenía en la Cámara de Vitoria en una causa en la que la Fiscalía no ejerció la acusación.

En contra de este criterio, el propio Tribunal Supremo decidió a finales de 2007 absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el marco de la causa por las cesiones de crédito de la entidad bancaria al entender que si en una causa ni el fiscal ni el perjudicado directo acusan, no basta la petición de la acusación popular para iniciar un juicio y sentar a los acusados en el banquillo.