La Policía Nacional detuvo a Wilson, de 49 años, en 2006 cuando salía de la boca del Metro en la estación de Oporto. Allí, unos agentes que habían establecido un control le dieron el alto y, al no contar con documentación española (es ecuatoriano), le retuvieron en un furgón policial durante cuatro horas junto a otros extranjeros hasta que el operativo concluyó.

En torno a la una de la madrugada llegó a la comisaría de Moratalaz, donde le tomaron declaración. Según relató a Servimedia, a las tres horas ya había sido trasladado al CIE de Aluche, donde pasaría 14 días hasta que una resolución judicial que Wilson enseña considerara que guardaba “arraigo” con España al tener aquí a su expareja y a su hijo, que llegaron un año y medio antes.

“Se junta a los que son delincuentes con los que no, recibimos el mismo trato porque allí todos somos mierda para el criterio de la autoridad, sin distinción”, explicó este antiguo interno, que recuerda que las peleas eran habituales, aunque no de la magnitud del motín vivido la noche del pasado martes, cuando 40 inmigrantes se encaramaron a la azotea del centro.

“No todos hemos cometido delitos, pero buscan que el inmigrante se sienta en esa categoría, como si lo hubiera cometido”, lamentó. “Hay demasiado abuso por parte de las autoridades”, dijo al recordar que, tras un intento de fuga de varios compañeros rumanos, los agentes la tomaron contra ellos por no decir nada.

Los CIE, según su propio reglamento, son instituciones destinadas “a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso”, aunque, según denuncian ONG como Amnistía Internacional o Karibu, en ocasiones, al no saber la procedencia de algunos internos, se quedan en una situación de limbo.

Además, Karibu denuncia en un informe publicado en 2015 que muchos internos realizan solicitudes de asilo que no prosperan, ya que “se quedan sin tramitar”, por lo que muchos son devueltos a sus países de origen, de donde podrían haber huido por estar en peligro.

Se trata de “un escrito que se deposita en el buzón del director del CIE. Cuando las ONG hemos pedido ante la dirección una explicación a esta situación, la respuesta siempre ha sido que la persona no ha depositado la solicitud en el buzón”, explica esta organización.

Por su parte, Wilson reclama que se acabe con estas instituciones o que, al menos, termine la “opacidad”, la misma que muestran las ventanas de las habitaciones de los internos, ahora tapadas no solo con rejas sino con una cubierta metálica a modo de mampara.