En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, preguntó a Caamaño por las medidas para defender la dignidad del Supremo ante las críticas vertidas en el acto de defensa a Garzón en la Universidad Complutense.

Camaño achacó esa pregunta a un “acto reflejo” de la época de Gobierno del PP, porque ahora el Ministerio Fiscal es lo que dice la ley, “un órgano con personalidad jurídica propia que se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial del Estado”.

Trillo argumentó que al fiscal compete velar por el respeto a las instituciones constitucionales y ejercer cuantas funciones le atribuye al ley en defensa de los jueces y magistrados, y al Ministerio de Justicia interesarle a que promueva ante los tribunales las acciones pertinentes.

Juzgó por ello “una desfachatez” que esas críticas se enmarquen en la libertad de expresión, porque en ella no caben “ni la calumnia ni la injuria”, la jurisprudencia excluye de ese derecho “el insulto” y en el Código Penal está tipificada la calumnia grave contra los miembros del Supremo.

De hecho, recordó una sentencia en ese sentido dictada en 2005 y de la que fue ponente un fiscal general del Estado cuando gobernaba Felipe González, y advirtió por ello al Ejecutivo de que si no actúa será “cómplice” de calumnias a los magistrados del Tribunal Supremo.

Caamaño recordó que la propia Sala de Gobierno del Tribunal ha dicho que ese acto no interfiere en su imparcialidad ni en su independencia, y aseguró que lo procedente “no es sobreactuar” sino pedir respeto a las instituciones, como han hecho varios miembros del Gobierno encabezados por el presidente.

En todo caso, advirtió, los ciudadanos saben distinguir entre quienes actúan “con sinceridad” y quienes lo hacen como “afligidos de conveniencia”.

Caamaño preguntó a Trillo si cree que es respetuoso con las instituciones “criticar sistemáticamente” ciertas actuaciones judiciales, afirmar en público que la policía crea, fabrica o manipula pruebas, o promover “juicios paralelos” sobre asuntos sometidos a procedimiento judicial.

“Con este historial, pocos alardes”, dijo el ministro al PP, a cuyos dirigentes invitó a dejar de sustituir al Supremo en la defensa de su propia dignidad y preocuparse más por su coherencia interna, porque sus posiciones “a veces giran en el sentido de la correa, unas veces dice a y otras dice b”.