Aprobada con 175 votos a favor, la iniciativa recibió en contra 133 votos del PP, mientras que Ciudadanos optó la abstención, que contabilizó 34 votos.Esta propuesta fue impulsada por el Partit Demòcrata Català (PDC), aunque finalmente incluyó una enmienda transacional acordada entre los grupos Mixto, Socialista, Unidos Podemos (GCUP-EC-EM), Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV.

En su intervención, la portavoz del PDC, Miriam Nogueras i Camero, aseguró que en la tramitación de la Lomce “el Gobierno impuso su voluntad sin contar ni con el resto de fuerzas políticas, ni con la comunidad educativa, ni con los interlocutores sociales.

“Aprobó una reforma educativa segregadora e intervencionista que supone un ataque a la igualdad de oportunidades y un retroceso en la equidad y en la mejora de la calidad de la educación”, prosiguió, e “invade las competencias de las comunidades autónomas y menosprecia la realidad de aquellas con lengua y cultura propias”.

PACTO DE INVESTIDURA

Ciudadanos se abstuvó en la votación final, aunque su portavoz en el debate, Marta Martín, se mostró a favor de derogar el real decreto que regula las reválidas. De hecho, pidió que los puntos de la proposición inicial se votasen por separado, a fin de respaldar la paralización de estas evaluaciones.

Martín apeló al pacto de investidura firmado con el PP que preveía la suspensión de todos aquellos aspectos de la Lomce que aún no hubiesen entrado en vigor, entre los cuales figuraban dichos exámenes (el real cecreto se aprobó a finales de julio).

Sin embargo, la diputada del PP Sandra Moneo recurrió a este mismo acuerdo para defender su actuación, y señaló que “una cosa es paralizar y otra derogar”. “¿Qué aplicarían ustedes entonces, la LOE del 26% de fracaso escolar?”, inquirió.

Asimismo, Moneo defendió la potestad del Ejecutivo central para expedir y regular los títulos oficiales, aspecto este último muy criticado por Gomeras y por los portavoces del PNV y Esquerra, Joseba Aguirretxea y Joan Olòriz, respectivamente.

La diputada del PP, que se quedó sola en su defensa de la Lomce y de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, también negó el carácter segregador que todos los grupos critican en esta ley.

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Manuel Cruz, rechazó su espíritu “elitista e ideológico”, mientras que Miguel Ángel Bustamante, diputado de GCUP-EC-EM, señaló que toda esta normativa ha ido acompañada de “recortes sin precedentes” en el gasto educativo, el despido de miles de profesores y “del aumento de las ratios de alumnos por aula, entre otros muchos recortes”.