En su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, el responsable de UGT criticó que en España se ha llevado a cabo en los últimos años una "demonización" de la fiscalidad, que, aseguró, no se corresponde con la realidad: "La realidad es que aquellos países con mayor presión fiscal son menos vulnerables a la crisis", subrayó durante la conferencia-coloquio que los dos líderes compartieron en Santiago de Compostela.

Mientras Gómez incidió en que la actual situación económica perfila la necesidad de incrementar la recaudación fiscal para hacer frente a cuestiones clave, como el desarrollo de la Ley de Dependencia, o al aumento del endeudamiento público, su homólogo en Comisiones Obreras lamentó que "se actuó con demasiadas alegrías fiscales en este país" y coincidió en que la reforma tributaria es una asignatura "pendiente", que es necesario acometer "a partir de 2011" para que "los que ganen más paguen más". Calificaron de "error" la retirada del Impuesto de Patrimonio y reclamaron medidas concretas contra la "enorme bolsa" de fraude fiscal.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, los dos líderes sindicales enviaron un mensaje de apoyo a los dos trabajadores de Repsol que sufrieron ayer un grave accidente en la refinería de A Coruña y se refirieron en sus ponencias a la situación económica y a la urgencia de llevar a cabo un nuevo modelo productivo.

Preguntados por la última propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno en la mesa del diálogo social, destacaron como puntos positivos el plan de empleo juvenil, los cambios en la política de bonificaciones a la contratación, para vincularlas al mantenimiento del empleo, y la reducción de jornada en las empresas en crisis.

Sin embargo, condenaron la ampliación de los colectivos a los que se pretende aplicar el contrato de fomento del empleo, al entender que implica abaratar el despido, y se opusieron a que el Fondo de Garantía Salarial abone parte del coste.

Los sindicatos rechazan también que se extrapole el modelo austríaco al sistema laboral español, por considerar que el país alpino "tiene un despido muy libre". "Es falso y falaz que el problema se solucione al abaratar el despido, que en nuestro país es prácticamente libre, pero no gratis", precisó Sánchez.

En esta línea, el responsable de UGT negó que el mercado laboral español sea "rígido" y aseguró que, al contrario, las normas son "demasiado flexibles en recesión, porque en España es rápido y barato despedir a los trabajadores".

NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Los sindicalistas reflexionaron sobre el origen de la crisis, que atribuyeron a la "desigualdad", al debilitamiento del Estado en las políticas públicas y al recorte de los servicios públicos, para advertir de que "si sólo se hace la reordenación financiera, no se va a salir de la crisis" y reclamar un nuevo modelo productivo en el que se impida a los mercados "imponer sus recetas" a los gobiernos.

Para lograrlo, instaron a los representantes políticos -en el acto estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el delegado del Gobierno, Antón Louro- a "abandonar las estrategias partidistas y pensar en el bien común".

Así, demandaron que todas las actuaciones vayan "precedidas del consenso con los agentes sociales", a fin de avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento que frene la destrucción de empleo.

CONTUNDENCIA

Tanto Gómez como Sánchez reflexionaron sobre los efectos de la crisis en Galicia, una comunidad que, lamentaron, "inició 2010 con escasas perspectivas de mejora".

Así, recordaron que en 2009 se perdieron más de 53.000 empleos en la comunidad, donde la tasa de paro se acerca al 13%, con más de 236.000 personas desempleadas en la actualidad.

En particular se refirieron a la destrucción de empleo en la construcción y en la industria, al recordar que uno de cada dos puestos de trabajo que se pierden pertenecen a este último sector y que Galicia ha vivido desde el estallido de la crisis una "espiral" de ERE, con más de 24.000 afectados, frente a los 7.000 de 2008.

Estos datos, sumados a la cifra de 90.000 desempleados sin ningún tipo de cobertura, llevaron a los sindicalistas a exigir "una actuación contundente del Gobierno gallego".