El defensor de Garzón, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, hizo esta afirmación a su salida del Alto Tribunal después de que Garzón estuviese cerca de cuatro horas declarando como imputado.

Los artífices de la querella, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, acusan a Garzón de haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por no abstenerse en una causa contra el Banco Santander y su presidente, Emilio Botín, a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó con 302.000 dólares los cursos que impartió en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York entre los años 2005 y 2006.

“Cualquier manifestación que se haga para perturbar el sosiego un tribunal perjudica al propio encausado”, dijo el letrado.

En este sentido, quiso dejar claro que Garzón respeta “por completo” la labor del Supremo y del instructor del caso, el magistrado Manuel Marchena. También dijo que el juez está tranquilo y no se siente perseguido. “Confía en que el instructor va a ver que es una imputación falaz y la causa tendrá poco recorrido”, dijo su abogado.