Los artífices de la querella, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, acusan a Garzón de haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por no abstenerse en una causa contra el Banco Santander y su presidente, Emilio Botín, a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó con 302.000 dólares los cursos que impartió en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York entre los años 2005 y 2006.

El magistrado ha desmentido ante el Tribunal Supremo las acusaciones formuladas contra él y ha asegurado que el patrocinio del Banco Santander fue gestionado exclusivamente por la Universidad de Nueva York sin su intervención, según explicó su abogado, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina.

Sobre el sueldo que percibió por los cursos, el magistrado ha señalado durante su declaración que no percibió dinero alguno de las subvenciones del Santander y que sus honorarios eran sufragados directamente por la Universidad de Nueva York. “El patrocinio fue totalmente independiente de los honorarios”, aseguró.

Garzón se negó a contestar a las preguntas formuladas por los acusadores, los abogados Mazón y Panea, al considerar que los escritos presentados contra él por los letrados son “absolutamente injuriosos”. El imputado tan sólo respondió a las preguntas de su abogado y a las planteadas por el fiscal encargado del caso, Fidel Cadenas, y por el instructor, el magistrado Manuel Marchena.

PERJUDICADOS POR LOS APOYOS

El abogado de Garzón aseguró que las manifestaciones y concentraciones de apoyo que se han sucedido en los últimos días en realidad perjudican al magistrado y pidió “prudencia” a aquellos que expresan públicamente su protesta. “Cualquier manifestación que se haga para perturbar el sosiego un tribunal perjudica al propio encausado”, dijo.

En este sentido, Molina quiso dejar claro que Garzón respeta “por completo” la labor del Supremo y del instructor del caso. También dijo que el juez está tranquilo y no se siente perseguido. “Confía en que el instructor verá que es una imputación falaz y la causa tendrá poco recorrido”, agregó su abogado.

"QUERIDO EMILIO"

La querella de Mazón y Panea aportaba como una de las pruebas más relevantes las cartas en las que Garzón pidió, y posteriormente agradeció, al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, la financiación de los cursos de Nueva York; unas misivas en las que el magistrado utilizaba términos como "querido Emilio" o "te mando un gran abrazo".

Los abogados Panea y Mazón destacaban que, unos meses antes, el Banco Santander otorgó a los cursos que el juez impartió entre marzo de 2005 y junio de 2006 en el Centro Rey Juan Carlos, adscrito a la Universidad de Nueva York, un patrocinio de 302.000 dólares.

Tan sólo unos meses después de regresar de Estados Unidos, su juzgado se hizo cargo de la denuncia presentada contra varios directivos del Banco Santander, entre ellos Botín, a los que se acusaba de la apropiación indebida de la sociedad SCI Gestión.

El juez de la Audiencia Nacional no sólo no se apartó del caso, sino que, en un auto dictado el 27 de noviembre de 2006, decidió archivar la causa.

A este respecto, Garzón aseguró ante el instructor Marchena que de estas cartas en realidad se desprende que él en ningún momento gestionó los fondos que otorgó el Banco Santander a la Universidad de Nueva York. Tan sólo expresó en estas misivas “el agradecimiento al patrocinador de los cursos por hacer viables los mismos”, lo que, a su entender, “no significa que percibiera cantidad alguna”.

El juez de la Audiencia Nacional también puso de manifiesto durante su declaración que existen otros aspectos de las cartas “que a lo mejor intencionadamente se habían obviado”.

Los abogados artífices de la querella no quedaron satisfechos con la declaración del juez. Mazón dijo que Garzón “se sabe muy bien el papel de imputado” y le acusó de haber mentido y ocultado datos durante su declaración en el Tribunal Supremo.

DECLARACIÓN EN SOLEDAD

Sólo los medios de comunicación esperaban esta mañana al magistrado a las puertas del Alto Tribunal. Cerca de medio centenar de periodistas, cámaras y fotógrafos se congregaron para ver como Garzón llegaba sobre las 10.15 horas, acompañado únicamente por sus escoltas y por su abogado, Enrique Molina, al tribunal donde le esperaba el instructor Manuel Marchena para tomarle declaración.

Ni partidarios ni detractores de Garzón se dieron cita a las puertas del Alto Tribunal a primera hora de este jueves lluvioso para apoyar o criticar al magistrado. Tan sólo una señora, desde la distancia, le gritó “inocente, inocente”.

Finalmente, cerca de diez personas, entre ellas una representación de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, se congregaron frente al Alto Tribunal portando varias pancartas con lemas en apoyo del juez Garzón, quien abandonó el tribunal sobre las 15.20 horas.

Una escena muy diferente a la vivida en la anterior declaración del magistrado ante Alto Tribunal, que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre a cuenta de su investigación de los crímenes del franquismo, y en la que un gran número de partidarios y detractores de Garzón se enfrentaron verbalmente y se cruzaron gritos como “fascistas” o “iros a Cuba”.

Esta es la segunda vez que Garzón acude al Supremo para declarar como imputado, puesto que ya tuvo que hacerlo el pasado 9 de septiembre, en aquella ocasión por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido en su investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Además de la declaración de Garzón, el instructor de la causa, Manuel Marchena, ha citado a declarar como testigos para el próximo 21 de abril a James D. Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York -entidad en la que el magistrado impartió sus cursos-, y a la subdirectora, Laura Turégano. Ese día también deberá declarar como testigo María del Mar Bernabé, asistente de Garzón durante su estancia en Nueva York.

Además de la causa por la que declaró hoy, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales acusados del “caso Gürtel” y sus abogados así como por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

En el marco de este último proceso, el juez está a punto de ser llevado a juicio acusado de un delito de prevaricación por Falange Española de las Jons, el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.