El texto rubricado por ambas formaciones busca reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para "fortalecer su autonomía y eficacia". Para ello, se comprometen a modificar los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia "acreditadas". También se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los Diputados y su posterior cese.

Ambas formaciones establecen que los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal se fundamentarán en los principios de "mérito y capacidad".

Uno de los puntos que más fricciones ha causado entre los equipos negociadores de ambas formaciones ha sido la reforma de las administraciones públicas, especialmente todo lo referido a las diputaciones provinciales. Finalmente, el PP y Ciudadanos han solventado la cuestión comprometiéndose a "eliminar las duplicidades administrativas y los organismos innecesarios". Para ello, apuestan por promover las reformas que garanticen una "prestación eficiente y racional de las competencias de los servicios prestados por todos los niveles administrativos" (Administración General del Estado, comunidades autónomas y los entes locales, "incluidas las diputaciones").

"El objetivo es generar ahorros que se destinarán, a medida que se vayan produciendo, a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad", según el texto.

Ambas formaciones dejan claro en el texto que ninguna de las actuaciones en este campo pondrá en riesgo los servicios públicos que prestan estas administraciones a los ciudadanos, especialmente a los 15 millones de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reconocido que su formación apostaba por la eliminación de las diputaciones, un extremo al que el PP se oponían. Finalmente, dijo, ambas formaciones encontraron una solución intermedia.

UNIDAD DE ESPAÑA

Por otro lado, el texto incluye el impulso de un pacto por la unidad de España y la defensa de la Constitución, en el que estén presentes todas las "fuerzas constitucionalistas". Los firmantes expresarán un "compromiso firme" por la soberanía nacional y contra el intento de convocar un referéndum de secesión "en cualquier parte del territorio nacional".

Ambas formaciones también se comprometen a estudiar la "actualización del texto constitucional" para la mejora de la "Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia". Para llevar a buen término este propósito se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006.

El acuerdo incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para corregir las "insuficiencias del sistema" y "garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional". En ese sentido, se pondrá en marcha un grupo de trabajo "durante el primer mes de Gobierno" que actuará "de forma paralela y coordinada" con el existente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ofrecer respuestas sobre un nuevo modelo de financiación territorial.

También se comprometen a abordar una nueva financiación local, de forma paralela a la autonómica, "avanzando en la delimitación de las competencias que deben corresponder a las Corporaciones Locales y la garantía de una financiación suficiente y estable para dar los servicios que los ciudadanos demandan".

Ambas formaciones buscarán establecer el concurso para el nombramiento de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administación Local con el objetivo de reforzar la "objetividad, indepedencia e imparcilidad en el ejercicio de sus funciones de control".

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

A su vez, el texto incorpora el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la aprobación de una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado para garantizar los principios de "mérito y capacidad", la reducción de cargas administrativas, la conversión en ciudades inteligentes a todas las localidades de más de 50.000 habitantes y la garantía de un modelo de servicio público para RTVE basado en "independencia, calidad y neutralidad política.

Por otro lado, apuestan por poner en marcha un Estrategia Nacional de Justicia desde el diálogo con otras fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos; incrementar los medios humanos y materiales de la Justica; agilizar la implantación de la Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal; modernizar las leyes procesales; limitar los plazos de instrucción introducidos por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; potenciar el arbitraje y la mediación; reformar la ley de tasas judiciales; priorizar la atención a las víctimas; fomentar un "tratamiento específico" para los menores de edad; fortalecer la carrera de jueces y magistrados; y eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los tribunales superiores de justicia.