En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta y a una pregunta del senador del PNV Joseba Zubia sobre la fecha prevista por el Gobierno para remitir a las Cortes el citado proyecto, Caamaño no dio una concreta, pero afirmó que el mismo 8 de enero que se aprobó el proyecto el Gobierno lo remitió a las instituciones preceptivas y "ya ha recibido el informe del CGPJ, el de la Agencia Española de Protección de Datos y hoy mismo el de la Fiscalía General del Estado". "Estamos evaluando y estudiando todos esos informes y en el plazo más breve lo remitiremos a las Cortes".

El ministro recalcó su convencimiento de que la ley provocará un "cambio radical en el entendimiento del Registro Civil", recordando que, con un Registro único e informatizado, cada ciudadano podrá descargarse sus propios certificados en cualquier oficina y en cualquier lengua oficial del Estado.

Además, afirmó que su organización será "completamente distinta", porque "se adapta a la España de las autonomías y se desjudicializa"; un punto, éste último, que defendió para "conseguir que los jueces se dediquen sólo a su cometido" de administrar justicia y "que sean otros responsables públicos" quien tramiten las inscripciones, siempre reservando a los primeros la "tutela judicial" para garantizar que no se conculca ningún derecho.

Caamaño insistió en que el proyecto "se llevará muy pronto a las Cortes" y se declaró "seguro" de que todos los grupos parlamentarios harán "aportaciones" a una reforma tan importante. Pese a este compromiso, Zubia volvió a pedir al ministro la "máxima celeridad" en tramitir una ley que, a su juicio, "no puede ni debe esperar más tiempo".

El senador nacionalista dijo ser "consciente de las dificultades" que acarrea, pero subrayó que "es absolutamente necesario y urgente adaptar" el Registro Civil a los "criterios de eficacia exigibles" a las administraciones "del siglo XXI", especialmente "cuando todo ciudAdano tiene recurrir a él muchos momentos de su vida", y ya en 2008 el ex ministro Mariano Fernández Bermejo contemplaba la reforma del Registro Civil como un objetivo "cercano".