Así lo manifestó a Servimedia Ricardo Ibarra, director de esta plataforma que aglutina a alrededor de 60 ONG que defienden los derechos de los menores en España.

Ibarra indicó que la Ley de Infancia, impulsora del citado registro, no aclara a las ONG qué se entiende por “contacto directo con menores”.

Por ello, las ONG esperan que con el nuevo curso el Ministerio de Justicia (a quien pertenece el registro) lleve a cabo unos seminarios “pendientes” desde antes del verano para, precisamente, resolver esas dudas. Según dijo Ibarra, esos cursillos no se han podido “cerrar” por la incertidumbre política y no se ha podido “desbloquear” la situación.

“Además de esta formación, que nos va a venir bien, realmente lo importante sería desarrollar reglamentariamente la ley, para que estas dudas que surgen del registro puedan quedar más claras”, insistió Ibarra.

Las ONG han planteado diversas cuestiones desde la puesta en marcha del registro, que ya antes del verano pidieron resolver, coincidiendo con los meses de vacaciones y la habitual multiplicación de las actividades con niños.

Piden por ejemplo que la reglamentación aclare qué profesiones son de contacto habitual para exigir los certificados y otras en las que sería recomendable, que se concrete la duración de la validez del documento o si se debe renovar y cómo comprobar si los voluntarios han protagonizado esos delitos, y otros temas más técnicos, como los derivados de las solicitudes realizadas al registro por terceros (como empresas e instituciones que tramitan los certificados de sus colaboradores).