La Audiencia Nacional confirma los seis meses de suspensión impuestos a la secretaria del “caso Mari Luz”

MADRID
SERVIMEDIA

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la suspensión de seis meses de empleo y sueldo impuesta a la secretaria judicial del denominado “caso Mari Luz”, Juana Gálvez.

La Audiencia Nacional, en una sentencia notificada este lunes, desestima el recurso interpuesto por la secretaria judicial y confirma íntegramente la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3, que en junio del pasado año le impuso la mencionada sanción en atención a la defectuosa tramitación de la ejecutoria de la sentencia que había condenado a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortes, y su esposa por un delito continuado de abusos sexuales y falsedad.

La Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo confirma la competencia del secretario de Estado de Justicia para sancionar las infracciones disciplinarias cometidas por los secretarios judiciales y rechaza la prescripción de la falta disciplinaria que había alegado la recurrente.

Los jueces ratifican el carácter grave de la infracción cometida por la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, derivada de la deficiente tramitación de la ejecutoria y de la ausencia de control y seguimiento de la misma.

“La desatención en la tramitación de aquel procedimiento (infringiendo el deber objetivo impuesto al titular de la secretaria del órgano judicial) ha sido reiterada, constante y enormemente prolongada, haciendo inviable durante tan dilatado lapso temporal la ejecución de la sentencia condenatoria que dio origen a la incoación del procedimiento y que, como ya se dijo, reclamaba –por la naturaleza del delito contemplado en tal sentencia- un pronto y adecuado cumplimiento efectivo”, explican los magistrados.

La resolución subraya además que la citada negligencia puso “claramente en cuestión la credibilidad de las instituciones y, particularmente, de la administración de justicia, cuya percepción por los ciudadanos queda seriamente dañada”.

(SERVIMEDIA)
12 Abr 2010
DCD/caa