El Gobierno aprueba la distribución de 103 millones entre las CCAA para programas sociales

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo de Ministros aprobó hoy la distribución de 103.472.850 euros entre las comunidades autónomas para programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a la lucha contra el maltrato infantil y a la atención del pueblo gitano, entre otros objetivos.

Este dinero supone, según el Gobierno, 338.000 euros más que los recursos transferidos en 2009 y su reparto lo aprobó la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el pasado 2 de marzo.

En concreto, el dinero irá destinado a desarrollar el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, la red de servicios sociales y atención primaria de los ayuntamientos (Plan Concertado) y el Plan Estatal del Voluntariado; a programas de atención al pueblo gitano, a otros dirigidos a la infancia y a la lucha contra el maltrato infantil.

El Plan de acción para Personas con Discapacidad cuenta con una dotación de 2.162.850 euros, con los que se cofinanciarán proyectos de intervención social para impulsar la autonomía de las personas con discapacidad y para que se beneficien de todas las políticas en igualdad de oportunidades.

El Plan Concertado está dotado con un total de 96.174.030 euros para mantener y desarrollar la Red de servicios sociales de atención primaria, gestionada por las Corporaciones Locales.

Por su parte, el Programa para la Atención al Pueblo Gitano cuenta con un crédito de 1.065.160 euros para proyectos de intervención social que promuevan el desarrollo de este pueblo.

Al Plan Estatal del Voluntariado se destinarán 150.000 euros, para la realización del XIII Congreso Estatal del Voluntariado. Esta cantidad se transferirá a la Comunidad Autónoma de La Rioja como organizadora de dicho Congreso.

Dentro de los Programas Dirigidos a la Infancia se incluyen medidas contra el maltrato infantil, por un importe de 915.750 euros, y otras para menores infractores en medio abierto, que contarán con 3.005.060 euros, y que se proponen facilitar la ejecución de acciones distintas al internamiento para las sentencias dictadas por los jueces, así como capacitar a los profesionales que trabajan con estos menores.

(SERVIMEDIA)
09 Abr 2010
IGA/lmb