Tras la última reunión de la ponencia encargada de informar de la propuesta de reforma del citado estatuto de autonomía, el pasado 25 de marzo, quedaba pendiente el redactado definitivo de la disposición adicional relativa a las competencias en materia de agua, así como lo que se dijera de ésta en el preámbulo, escollo que este jueves se ha salvado con los votos del PSOE y de CiU.

El preámbulo establece que, “de modo especial, se regula la competencia en materia de agua como fuente de vida y soporte natural de actividades humanas de gran trascendencia económica y social” para Castilla-La Mancha, “por lo que no puede ser regulada como un bien comercial sin más, sino como un patrimonio que hay que proteger y defender”.

Asimismo, señala que Castilla-La Mancha estima “necesaria” la existencia de una reserva de agua que garantice el cumplimiento de objetivos ambientales y para atender las necesidades de la comunidad de 4.000 hectómetros cúbicos y la “participación efectiva de la Junta de Comunidades en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista”.

La disposición transitoria primera establece que “el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura sea acorde con los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico por la aguas superficiales establecidos por la normativa estatal y comunitaria”.

Señala también que será la Planificación Hidrológica de la cuenca del Tajo la que concrete “la dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río a su paso por Castilla-La Mancha, así como para atender las necesidades presentes y futuras de esta región, en cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos en dicha cuenca”.

Además, dice que la Junta de Comunidades será informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión o transferencia que afecte a las cuencas hidrográficas de la Comunidad Autónoma, a fin de UE emita preceptivamente un informe, que será objeto de respuesta motivada”.

REUNIÓN POSITIVA

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, el diputado del PSOE Alejandro Alonso calificó de “positiva” la reunión y explicó que en la misma se han incorporado 9 enmiendas presentadas por IU.

Asimismo, señaló que el PSOE tiene “la seguridad” de que el PP finalmente votará a favor del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha cuando el texto sea sometido a la Comisión Constitucional, porque el redactado “recoge las aspiraciones” de la citada comunidad autónoma. “Estamos en el camino definitivo para la aprobación del Estatuto”, aseguró.

Sin embargo, el diputado del PP Arturo García Tizón explicó que la abstención de su grupo en la votación de la ponencia no es más que una nueva oportunidad, “la última”, que da al PSOE para llegar a un consenso sobre el texto.

Tras criticar que la ponencia haya sido aprobada con el apoyo del PSOE y de CiU, fuerza ésta que “no tiene representación parlamentaria” en Castilla-La Mancha, García Tizón añadió que las discrepancias del PP están en la redacción del preámbulo y la disposición transitoria relativa al agua, así como en el capítulo del sistema electoral. “Si no se corrigen determinarán un voto negativo a este estatuto”, advirtió.

Por su parte, el diputado de CiU Jordi Xuclà explicó que su grupo a dado su voto favorable a que la ponencia se elevase a la Comisión Constitucional porque “siempre respeta” aquello que procede de los parlamentos autonómicos y porque considera que es “un voto de tramitación para seguir trabajando” en el texto.

No obstante, advirtió al PSOE y al PP que “no permitirá que su voto sea clave” para aprobar un estatuto de una comunidad autónoma en la que no tiene representación, por respeto a las ciudadanos de Castilla-La Mancha. “CiU sólo votará a favor de este estatuto si tiene el consenso de las dos fuerzas parlamentarias con representación en Castilla-La Mancha.

El portavoz de IU Gaspar Llamazares lamentó que las negociaciones sobre este estatuto, fundamentalmente por lo relativo al agua, sigan “en tablas”. Criticó que el texto aprobado para elevarlo a la Comisión Constitucional “contempla una barrera a la reforma del sistema electoral desconocida”. Establece, dijo, “no una mayoría absoluta, sino absolutísima” para modificar un sistema que “ya es bastante discriminatorio en Castilla-La Mancha.