La investigación se inició a raíz de una querella presentada por un fondo brasileño que se encargaba de representar al futbolista, llamado DIS, que denunció ante el juzgado los hechos que rodearon el fichaje y posterior traspaso del jugador.

Después de practicar las diligencias pertinentes y de tomar declaración a los investigados, el juez concluye que las conductas analizadas no pueden ser perseguidas penalmente.

El auto del juez detalla todas las gestiones realizadas para el fichaje y posterior traspaso del jugador al club catalán. El magistrado delimita el objeto de esta investigación, destacando que no es interpretar el contrato suscrito entre DIS y los Neymar, que podría depurarse en la jurisdicción civil, ni tampoco si se han incumplido las reglas internas de FIFA.

De lo que se trata, dice, es de determinar si se ha cometido un delito de corrupción entre particulares y una estafa simulada, lo que el juez rechaza.

De la Mata explica que el fichaje de Neymar no afectó a la libre competencia entre clubes, como mantenían tanto los querellantes como el fiscal.

Según el juez, ha quedado acreditado que "el mercado seguía tan abierto que el FCB se vio obligado (es de suponer que no lo hizo por mera liberalidad) a poner en la mesa otros casi 20 millones complementarios, ante el riesgo cierto de que, pese a todo, Neymar J.R. no quisiera aceptar el traspaso y decidiera marchar a otro club" .

Descartada la responsabilidad penal, el juez sí que cuestiona algunas actuaciones de los investigados desde otros ámbitos diferentes al penal. "Parece obvio”, dice, “que tanto el Fútbol Club Barcelona, Neymar y su padre, así como N&N incumplieron paladinamente las obligaciones estatutariamente impuestas por los Estatutos FIFA de contratación de jugadores: No respetaron el contrato que Neymar J.R. tenía firmado con Santos FC; no comunicaron por escrito al club su intención de abrir y cerrar negociaciones; no solicitaron autorización del SFC para tal fin; negociaron dentro del periodo de validez del contrato y fuera del marco permitido de los últimos seis meses; y llegaron a hacer (el Barça) y recibir (N&N) pagos multimillonarios sólo ocho días antes de un partido trascendental para la historia deportiva del Santos al que Neymar J.R. estaba ligado".

Ahora bien, el juez resalta que estas conductas pueden tener repercusión deportiva, ética y disciplinaria, pero no encajan en un procedimiento penal.

FISCALÍA

Tanto los querellantes como la Fiscalía solicitaban la continuación del procedimiento por delitos de corrupcion en los negocios y delito de estafa impropia.

El pasado mes de junio la Fiscalía de la Audiencia Nacional propuso juzgar el caso de la supuesta estafa al fondo brasileño DIS, que posee el 40% de los derechos federativos de Neymar, con el fichaje del futbolista por el conjunto azulgrana.

El fiscal consideraba que debían sentarse en el banquillo Neymar, su padre, su madre, los expresidentes del Barça y del Santos Sandro Rosell y Odilio Rodrigues y también el FC Barcelona, el Santos y la empresa de los padres de Neymar.

Al futbolista y a su padre, la Fiscalía les atribuye un delito de corrupción en los negocios de los artículos 286 bis y 288 del Código Penal, que llevan aparejadas penas de cárcel de entre seis meses y dos años.

De los mismos delitos son acusados el Barcelona y su expresidente Sandro Rosell. A ambos la Fiscalía les atribuye un delito de estafa impropia. Por este segundo delito también son acusados el Santos y su expresidente Odilio Rodrigues.

La Fiscalía proponía juzgar a Neymar por corrupción porque a espaldas del fondo brasileño que tenía sus derechos federativos firmó en 2011 con el Barça los contratos que le ataban a este club, "alterando de esta manera el libre mercado del fichaje de futbolistas y perjudicando también al fondo DIS, que se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia y pudiera obtener una mayor cantidad económica con el traspaso", según el Ministerio Público.

El Barça pagó a DIS el 40% de los 17.100.000 euros que se estableció como traspaso al Santos por los derechos de Neymar, pero en realidad el conjunto azulgrana pagó 25.171.000 por este concepto, por lo que a DIS le correspondían 10.068.400 euros, y el Ministerio Público entiende que el fondo brasileño debe ser indemnizado con un total de 3.228.440. Según la Fiscalía, el Barcelona simuló contratos para pagar menos a DIS y uno de esos contratos fraudulentos también lo firmó Neymar.

Además, el Barça engañó supuestamente al fondo brasileño al contestarle por carta en diciembre de 2012, cuando ya había pagado un anticipo de 10 millones a Neymar para atarle, que "no estaba en negociaciones, ni tiene suscrito ningún contrato o preacuerdo con el Santos FC para el traspaso o cesión del citado jugador".

El Barcelona manifestó que el fichaje de Neymar costó 57.100.000 de euros, pero según la Fiscalía el coste de la contratación fue de 83.371.000 euros, a los que habría que sumar otros 13 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda con la estructura fraudulenta creada para el fichaje.