El PP reitera, en un comunicado, que la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, “impide a las instituciones de Castilla y León recurrir las normas fiscales de las diputaciones forales, incluso cuando estas perjudiquen los intereses de Castilla y León, rompan la unidad de mercado o resulten claramente ilegales”.

“Se vulneran a través de la Ley Orgánica 1/2010 los principios constitucionales de igualdad, libertad de empresa, unidad de mercado, solidaridad y autonomía financiera”, indica.

Los populares entienden que, “evidentemente”, la Ley 1/2010 “afecta gravemente a Castilla y León, porque favorece la deslocalización de actividades empresariales de la comunidad en favor de los territorios históricos del País Vasco, al poder utilizar las normas forales fiscales como instrumento de atracción de empresas, en detrimento de Castilla y León".

Además, sostiene, “favorecerá el emplazamiento de nuevas empresas en los territorios históricos. En definitiva, se estimulará el efecto frontera".

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, consideró que sería positivo el apoyo unánime de toda la Cámara en la defensa de los intereses de Castilla y León, por lo que solicitó el apoyo del PSOE a la iniciativa de presentar el mencionado recurso.