Como en anteriores ocasiones, Madrid capital queda fuera de este programa, que “busca concentrar los recursos en actuaciones orientadas al reequilibrio territorial”.

“Madrid, por sus características y su condición de capital, cuenta ya con estos recursos y recibe ayudas del Estado y de la Unión Europea a las que no pueden acceder todos los demás municipios de la región que sí se benefician del programa impulsado por el Gobierno regional”, manifestó Cifuentes.

Señaló que el nuevo programa, que toma el relevo del Prisma 2008-2011 (que fue prorrogado hasta 2015 y cuya terminación y liquidación se está acometiendo en los últimos meses), “ha contado con la participación y el consenso de la Federación de Municipios de Madrid y responde a las nuevas demandas derivadas de la necesidad de mantener las dotaciones existentes y asegurar una prestación viable y de calidad en los servicios básicos y obligatorios”.

La presidenta indicó que el objetivo de este programa es “el desarrollo de actuaciones consistentes en obras de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes y suministros que tengan la consideración de inversión -entre ellos los relacionados con la modernización administrativa-, así como sufragar gastos corrientes municipales”.

Está cofinanciado por la Comunidad de Madrid -que aporta 700 millones de euros para sus cuatro años de vigencia- y los ayuntamientos destinatarios de las actuaciones, que deberán aportar un porcentaje de su asignación económica en función de su población.

Esta cantidad será de al menos el 1% para los municipios de entre 2.500 y 5.000 habitantes y deberá alcanzar como mínimo el 10% en las localidades de más de 5.000 habitantes.

Cifuentes destacó que en ambos casos el tope de aportación municipal será del 50% de su asignación. Como novedad, esta regla no se aplicará a los pueblos más pequeños de la región, los de menos de 2.500 habitantes, que no tendrán que destinar recursos propios para beneficiarse de las actuaciones.

Asimismo, explicó que para calcular la asignación económica de la Comunidad de Madrid a cada municipio, el programa ha tenido en cuenta criterios como su renta per cápita, el paro registrado, la población, su grado de protección ambiental, el patrimonio histórico artístico, los ingresos y su porcentaje de población inmigrante.

Señaló como una de las grandes novedades del Programa de Inversión Regional 2016-2019 “la posibilidad de que los ayuntamientos puedan asumir la gestión integral -redacción del proyecto, adjudicación, contratación y ejecución- de las obras y servicios que realicen con cargo al mismo”.

Los consistorios que opten por esta fórmula deberán cofinanciar un porcentaje mínimo de las actuaciones, que se sitúa al menos en el 10% para las localidades de entre 2.500 y 5.000 vecinos, en el 20% para aquellas que tengan entre 5.000 y 20.000 habitantes y en el 25% en el caso de los ayuntamientos que superen esta última cifra de población.

“La oportunidad de controlar y gestionar sus propias obras también estará abierta a los pueblos de menos de 2.500 habitantes en el caso de las actuaciones que supongan como máximo el 50% de la asignación inicial concedida por la Comunidad de Madrid”, agregó.

Los ayuntamientos que decidan llevar a cabo esta gestión integral deberán seguir todas las prescripciones técnicas y de procedimiento fijadas en el decreto del programa y comunicar cualquier incidencia relevante en el desarrollo del proyecto para percibir la aportación regional.

En cuanto a los gastos corrientes, el programa establece con carácter general la posibilidad de que los ayuntamientos beneficiarios destinen el 25% de su asignación a sufragar gastos incluidos en los capítulos I, II y IV.

Cifuentes señaló que esta es también una novedad del nuevo programa, ya que permite a los consistorios destinar cantidades al pago de las aportaciones que deban realizar a las mancomunidades de las que forman parte.

Además, añadió, el programa prevé autorizar un incremento del porcentaje dedicado a gasto corriente hasta un límite que no exceda del 90% de la asignación inicial para aquellos municipios que acrediten razones excepcionales basadas en circunstancias objetivas de índole social, económica o de interés público.

“Este incremento, que deberá solicitarse a través de acuerdo del Pleno municipal, tiene como objetivo que los vecinos de las localidades de la región con más problemas económicos puedan seguir recibiendo los distintos servicios que demandan en las mejores condiciones”, concluyó.