Esta ONG señaló que el apartado cuatro del artículo ocho del Real Decreto 1333/2006, por el que se regula el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su comercio, indica que, “en el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especímenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal”.

Para el Proyecto Gran Simio, esto supone que un chimpancé o un elefante “podrá ser entregado a un centro de experimentación e incluso sacrificarlo” si no puede ser cedido a un centro colaborador, como zoológicos o centros privados, lo que contraviene la Cites al utilizarla “en calidad económica, de contrabando, pero no como protección” en el caso de especies en peligro de extinción.

Esta organización señaló que España deposita las especies decomisadas en zoológicos y centros privados mediante acuerdos previos, al carecer de centro propio, pero sugirió que los inspectores de estos lugares no actúan con independencia porque se trata de centros depositarios de animales incautados por el Estado.

“Hemos solicitado al Parlamento Europeo que tome medidas para derogar el Real Decreto que permite que especies que están en peligro de extinción sean sacrificadas sólo por no encontrar un lugar de cesión para su mantenimiento. Esto es una burla al catálogo internacional y nacional de especies en peligro. Sólo existe un interés económico de sanción, ya que se rige por la Ley de Contrabando, no importando en absoluto el destino y la vida de estos animales que son sustraídos de ecosistemas protegidos”, apuntó Pedro Pozas, presidente internacional y director ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España.

Pozas añadió que “los animales incautados o trasladados de un lado a otro serán tratados como meros objetos económicos por gente que no es sensible muchas veces al sufrimiento animal” mientras la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía y Competitividad, sea la administración nacional en materia de Cites, en lugar de crearse una Subdirección General de Protección Animal en el Ministerio de Medio Ambiente.