En declaraciones a Servimedia, el dirigente popular expresó su respaldo a esta convocatoria, que tiene lugar en el ecuador de la campaña electoral.

El partido que lidera Mariano Rajoy respalda las reivindicaciones del Cermi por una cuestión de “principios” y de “práctica”, ya que, según explicó Maroto, el PP lleva en sus listas municipales personas con discapacidad intelectual que han representado a sus municipios como concejales, pero que no han podido votarse a sí mismos.

“Su testimonio nos hace pensar que es necesario que esas dificultades que sólo se entienden en la ley, pero no se entienden en la calle, se resuelvan de una vez por todas y podamos modificar la normativa para, simplemente, hacer de las personas con discapacidad personas con una oportunidad como el derecho a ejercer el voto”, sentenció Maroto.

En este sentido, hizo hincapié en que apoya “al 100%” la reclamación del Cermi y se comprometió a que su partido prestará atención a esta cuestión en la próxima legislatura, porque “es una cuestión de voluntad política”, que, en su opinión, “tendría un consenso político amplio”.

“Hay cosas que siempre tienen consenso y yo creo que esta es una de ellas y lo podríamos llevar a la práctica cuando se tengan los informes preceptivos del Ministerio de Justicia y de Sanidad”, explicó el vicesecretario de Sectorial de los populares.

El Cermi considera también “urgente” eliminar todos los obstáculos que encuentran algunas personas con discapacidad en los procesos electorales. Maroto reconoció que atender esta petición es algo “más complicado”, porque “afecta a ayuntamientos y otras instalaciones municipales, pero reivindicó que para avanzar “las campañas que se están llevando a la práctica en materia de barreas arquitectónicas tienen que continuar”.

El movimiento organizado de la discapacidad reclama que se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que se respete la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sigue sin cumplirse en este aspecto, pese a que es de obligada aplicación en todos los países que la han ratificado, entre los que se encuentra España.