En concreto, los mayores casos de discriminación se dan en Fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos y personal sanitario y también en la contratación de seguros y servicios privados.

"Las consultas recibidas manifiestan la existencia de barreras institucionales y actitudinales frente a las personas con el VIH, pues se sigue considerando que son un peligro social", manifestó Miguel Ángel Ramiro Avilés, coordinador de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá.

Juan Ramón Barrios, presidente de Cesida destacó que “en el caso de las personas con el VIH el proceso de estigmatización supone que se les atribuye una supuesta peligrosidad porque el virus se puede transmitir, lo cual supone un perjuicio, pues justifica la limitación de sus derechos”.

El informe recoge las diferentes situaciones en las que se ha producido esta discriminación que van desde el ámbito laboral, contractual y sanitario hasta el ámbito personal o familiar. Asimismo, refleja que la discriminación se ejerce no sólo por particulares sino también por empresas, como podría ser una compañía de seguros, y por organismos que componen la Administración pública a nivel nacional, autonómico o local.

El estudio se ha realizado sobre 93 casos recibidos por Cesida durante el pasado año 2015. “De esta cifra es importante señalar que no todos los casos constituyen un supuesto de discriminación puesto que en varias ocasiones el usuario que remitió la consulta consideraba que estaba siendo discriminado por tener el VIH, pero en realidad no se le había vulnerado su derecho a la igualdad sino que se trataba de la limitación de otros derechos (el 19 % de los casos)", apuntó Ramiro.

De los casos en que ha habido discriminación, el 35,1 % (19 de los casos recibidos) lo constituyen aquellas situaciones en las que se discrimina a personas con el VIH en el acceso a determinados empleos públicos, en especial los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las profesiones sanitarias.

El 20,5 % (10 casos de los recibidos) lo constituyen aquellos casos en los que tener el VIH supone sufrir una discriminación a la hora de acceder a servicios privados como pueden ser la contratación de seguros de salud o de vida o la contratación de servicios de atención dental, capilar o dietético.

El restante 44,4 % (24 de los casos recibidos) lo componen todos aquellos supuestos en los que personas con el VIH han sido discriminadas por haber sido revelada información sobre su estado de salud. “Nos referimos a situaciones en las que se ha producido la divulgación deliberada de información sanitaria en perjuicio de una persona con el VIH, los insultos a través de redes sociales, el sometimiento a exámenes médicos en el ámbito laboral que incluyen la prueba del VIH cuando ésta es irrelevante para el desarrollo de ciertos puestos de trabajo, etcétera”, expresó Ramiro.

Por esto, el presidente de Cesida pidió a los partidos políticos que "pongan en marcha un Pacto de Estado frente al VIH, el sida, la discriminación y el estigma".