Los registros se produjeron el 27 de octubre de 2015, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) entraron en los domicilios particulares del expresidente catalán Jordi Pujol y de tres de sus siete hijos, Jordi, Josep y Pere. Todos ellos han recurrido y sus escritos han sido rechazados.

Los agentes entraron en las viviendas del mayor de los Pujol y de sus hermanos, Josep y Pere. También se hicieron registros en el domicilio social de Iniciatives Marketing CAT, Active Translation, S.L., y Project Marketing CAT S.L.

Ni el expresidente de la Generalitat ni su mujer, Marta Ferrusola, están siendo investigados en esta causa. Sin embargo, los agentes entraron en su piso porque su hijo mayor vivió temporalmente con ellos mientras estuvo convaleciente de una lesión en un pie.

La Sala indica que el juez instructor es plenamente soberano para para ordenar las diligencias que crea oportunas. Las decisiones tomadas por el juez en este sentido sólo podrán cuestionarse durante el juicio oral y valorar entonces si “adolecen de algún vicio de legalidad”.

Los recurrentes cuestionan la “necesidad y proporcionalidad” de la medida, que la Sala considera en su escrito “irrefutable”.

Los Pujol sostienen que “no existen signos inequívocos de indicio criminal”, un argumento que refuta la Sala al considerar que esa afirmación tiene que sustentarse en pruebas que demuestren la “equivocación evidente” del juez instructor.

El criterio de proporcionalidad de esos registros es “inobjetable”, por lo que la Sala los respalda y advierte de que habría “gran dificultad” en encontrar otros medios de investigación que pudieran reemplazar las diligencias recurridas.