Martínez Alier presentó el Atlas este miércoles en una jornada en Madrid junto con otros miembros del equipo, como Amaranta Herrero, coordinadora de los casos españoles, y Lúcia Fernandez, coordinadora de los portugueses, así como María de los Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción de Madrid, y Raquel Ponte, de la Plataforma Algarve Livre de Petróleo.

El responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, Samuel Martín-Sosa, explicó que el Atlas comenzó en 2012 en el seno del ICTA-UAB con el fin de “catalogar los conflictos ambientales en todo el mundo” y actualmente incluye 1.729 casos por diversos motivos (minería, vertido de residuos, energía nuclear, combustibles fósiles, turismo, industria, etc.).

Martín-Sosa justificó la utilidad de esta herramienta porque, “en los tiempos que corren, los poderes institucionales no ofrecen las respuestas adecuadas a los impactos ambientales”, ante lo cual “la sociedad civil toma las riendas”. “El Atlas pone encima de la mesa temas como los conflictos distribuitos, la huella ecológica y la responsabilidad ambiental, y quiénes se aprovechan de los recursos naturales y quiénes sufren los impactos”.

59 CASOS EN ESPAÑA

El Atlas de Justicia Ambiental incluye conflictos ambientales a partir de movilizaciones de comunidades y movimientos sociales surgidos en respuesta a determinadas actividades y los clasifica por países, empresas y materias primas, con iconos que representan a energía nuclear, extracción de minerales, gestión de residuos, biomasa y conflictos de tierras, combustibles fósiles, administración del agua, infraestructuras, turismo recreativo, conservación de la biodiversidad o conflictos industriales.

Así, España cuenta con 59 conflictos ambientales, sólo por detrás de India (223), Colombia (117), Nigeria (73), Brasil y Estados Unidos (68), y Perú (62).

En España están recogidos casos como el vertido en la mina de Aznalcóllar (Sevilla) de 1998, el ‘bunkering’ en aguas próximas al Campo de Gibraltar, el proyecto ‘Castor’, el aeropuerto de Ciudad Real, el proyecto de ‘fracking’ Arquetu (Cantabria), la central nuclear de Garoña (Burgos) o el trasvase Tajo-Segura.

Martínez Alier explicó que el objetivo del equipo es alcanzar los 3.000 casos en los próximos tres años con el fin de que “los conflictos sean visibles” a través de mapas del ‘fracking’ o fractura hidráulica, o sobre conflictos de residuos con incineradoras, por ejemplo. “Se basa en la ecología política y trata de estudiar conflictos ambientales de distintos tipos”, apuntó.

Por su parte, Amaranta Herrero, socióloga ambiental que trabaja en el Centro de Bioseguridad de Noruega, indicó que los conflictos pueden surgir por discrepancias sobre vertederos, disputas sobre recursos naturales, cementerios nucleares, contra el ‘fracking’ o explotaciones de carbón a cielo abierto.

“Son expresiones de resistencia contra algunos procesos y productos del desarrollo tecnocientífico y sus consecuencias sobre cuerpos, cultivos, sociedades y ecosistemas, impulsados mayoritariamente por el sistema económico”, recalcó.

Herrero indicó que “lo que no tiene precedentes es el carácter global de los modernos impactos industriales”, motivo por el que grupos o individuos se rebelan por considerar que “determinada actividad humana implica una explotación o contaminación excesiva e inadmisible de los procesos, los bienes y los servicios de la naturaleza”.