Así se desprende de un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la evolución de la producción de energía, el crecimiento económico y la progresión de las emisiones de CO2 en los países de la OCDE, de la que forma parte España.

Es la primera vez en los 40 años de análisis de la AIE que en el ámbito mundial se desliga el crecimiento económico del aumento de emisiones de CO2 de origen humano, que son las principales causantes del cambio climático.

Así, las emisiones de los países de la OCDE cayeron un 1,4% en 2014 con respecto al año precedente, al situarse en 11,9 gigatoneladas de CO2, levemente por encima de los niveles de 2009, mientras las economías de esas 34 naciones crecieron un 10% en periodo entre 2009 y 2014.

La principal razón de esta desconexión del crecimiento económico y el aumento de las emisiones fue el descenso de la intensidad energética en esos países, debido a una mayor eficiencia energética y a que las estaciones fueron más cálidas.

Entre los principales factores de la reducción de la intensidad energética está la caída en las emisiones provocadas por la generación de electricidad, responsable de dos quintos de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en la OCDE.

Este descenso en las emisiones provocadas por la generación de electricidad se explica por el incremento de hasta un 9,7% de las energías renovables (sin contar la hidráulica).

Además, apunta que es probable que esas cantidades aumenten considerablemente con el tiempo incluso si el mundo consigue limitar el aumento global de las temperaturas por debajo de dos grados centígrados para 2100 respecto a los niveles de la era preindustrial.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha pedido a los países ricos que proporcionen 100.000 millones de dólares (88.000 millones de euros) al año en 2020 para ayudar a las naciones en desarrollo a mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos, como la sequía, el aumento del nivel del mar y las inundaciones.

Sin embargo, el informe del Pnuma señala: “No hay acuerdo en cuanto al tipo de financiación que se movilizará para cumplir con este objetivo. Esto dificulta los esfuerzos para monitorear el progreso hacia el cumplimiento de la meta”.

En este sentido, apunta que las aportaciones públicas internacionales deben ser de 6 a 13 veces superiores a las actuales para superar la brecha de financiación en la adaptación climática con vistas a 2030.