Todos ellos se encuentran procesados y a la espera de juicio en el marco de la causa abierta por la presunta financiación de ETA y de sus organizaciones satélites, entre ellas la ilegalizada Batasuna, a través de las "herriko tabernas".

Además de la fianza de 50.000 euros, el tribunal ha impuesto a los tres líderes de Batasuna la obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados y la prohibición de abandonar el territorio nacional, y les ha retirado el pasaporte.

De forma complementaria, la Audiencia Nacional les prohíbe expresamente participar en “reuniones, manifestaciones, actos públicos, formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de características idénticas o cualitativamente similares a los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, así como los declarados sucesores de su actuación”.

Permach y Aldasoro fueron arrestados el 4 de octubre de 2007 en la operación contra la nueva cúpula de Batasuna llevada a cabo en la localidad guipuzcoana de Segura. Álvarez había sido detenido dos días antes.