En este programa, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Plan Nacional sobre el Sida, han participado ocho entidades miembros de Cesida: Adhara Sevilla, Asima de Málaga, Avacos-h de Valencia, Accas Burgos, Accas Palencia, Escola da Sida de Palma de Mallorca y Asociación Sare de Navarra.

Estas entidades sin ánimo de lucro han trabajado con 290 personas privadas de libertad pertenecientes a los centros penitenciarios de ‘La Moraleja’ de Dueñas en Palencia, Pamplona, Palma, Alhaurín de la Torre, Castellón I y centro de inserción social Luis Jiménez de Asúa, de Sevilla.

“Ha sido muy enriquecedor y positivo comprobar durante el desarrollo de Think Tank en Centros Penitenciarios cómo las personas participantes han asumido la importancia de su papel para hacer frente al VIH”, indicó Juan Ramón Barrios, presidente de Cesida.

Como resultado de esta implicación han surgido propuestas de campañas para sensibilizar sobre la realidad del VIH, como guiones para cortos, camisetas contra el estigma asociado a la infección, carteles para redes sociales, frases impactantes para dibujar en paredes y carteles, mural con globos gigantes o folletos y dípticos.

El 87,5% de las personas internas con VIH presentan también marcadores positivos para el virus de la hepatitis C (VHC) y el 30,1% de los internos con marcadores positivos para el VHC estaban infectados por el VIH, según datos de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, del Ministerio del Interior.

“Con estas cifras sobre la mesa es necesario actuar de inmediato y marcarse una estrategia a medio y largo plazo para frenar las infecciones por VIH y coinfecciones con hepatitis C. Desde Cesida llevamos a cabo iniciativas innovadoras como esta, adaptadas a diferentes segmentos de la población, y trabajamos para que se implemente un pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación“, señaló Barrios.

Asimismo, Cesida insta al Ministerio del Interior y a Instituciones Penitenciarias a impulsar medidas que garanticen el tratamiento a las personas coinfectadas y que están privadas de libertad. “El VIH en el ámbito penitenciario debe ser una de las políticas públicas que se deberían mejorar ostensiblemente”, recalcó el responsable de la entidad.