Según el ministerio público, fue la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela la que adjudicó, de forma directa y sin someterlo a licitación pública, el servicio de recogida de basuras, transporte a vertedero y eliminación de residuos en las urbanizaciones costeras de este municipio a Colsur S.L., controlada por el acusado Ángel Fenoll Pérez.

Pese a que el contrato debiera haber quedado rescindido una vez expirados sus dos años de vigencia, Colsur, S.L. continuó prestando y cobrando los servicios, contando para ello con el consentimiento de quien desde el año 1995 era alcalde de la Corporación, el acusado José Manuel Medina Cañizares.

Colsur era la empresa propiedad de Ángel Fenoll que habría estado todos esos años prestando y cobrando los servicios bajo la cobertura que le prestaba Medina Cañizares. Según ese relato, este empresario creo con el tiempo una red de colaboradores y amistades entre las que se encontraban autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela que podían favorecer sus intereses.

Anticorrupción cree que Fenoll llegó a entregar al exalcalde siete millones de pesetas en los meses finales del año 2000 con el objetivo de garantizarse que el expediente de contratación permaneciera paralizado y se declarara desierto, de manera que su empresa continuara prestando el servicio.

Sin embargo, cuenta la Fiscalía, el empresario y Medina se distanciaron y Fenoll optó por favorecer a Mónica Lorente, concejal del PP pero rival político del entonces edil al que aspiraba a arrebatar la alcaldía.

GRABACIONES

Anticorrupción hace constar varias grabaciones hechas por el propio Fenoll de sus reuniones con el también acusado y concejal de Orihuela Jesús Fernández Peñalver, al que entregó varias sumas a cambio de que favoreciera sus intereses.

En 2006, la Mesa de Contratación dictaminó en el proceso de adjudicación a favor de Urbaser, mientras que Colsur quedaba en tercera posición. Tras esta decisión Fenoll hizo llegar a la prensa una conversación grabada por él en la que advertía de la posibilidad de irregularidades en la tramitación del concurso a favor de Urbaser.

Desde ese momento, la acusada Mónica Lorente, concejala y presidenta del Partido Popular de Orihuela, comenzó a maniobrar para ralentizar la adjudicación y poder declarar desierto el concurso por transcurso del tiempo, lo que favorecía a Fenoll. El empresario se permitió, además, chantajear a Medina con sacar a la luz grabaciones que le perjudicaban para lograr su apoyo.

Anticorrupción relata que Fenoll hizo aportaciones económicas al Partido Socialdemócrata de Orihuela en la campaña autonómica y municipal de 2007, cosa que también hizo con el PP de la localidad para el que dirigió a un grupo de personas dedicadas a captar votos. Tras las elecciones el PP obtuvo mayoría absoluta.

Añade que como consecuencia de esta connivencia, la empresa de Fenoll cobró más de 18 millones de euros del Ayuntamiento de Orihuela. La compañía Proambiente, también de su propiedad, se embolsó 2,8 millones de la administración municipal. Además, el ayuntamiento gastó 150.000 euros en estudios para el cambio de baremación de los contratos públicos que encargó a varios expertos de la Universidad de Valencia y la Politécnica de Alicante.