Y es que, explicó Peláez, "no son pocas las ocasiones en las que los organismos responsables del bienestar del menor retiran la guardia y tutela de bebés e hijos a padres y madres con discapacidad (especialmente intelectual o enfermedad mental), sin que existan pruebas de abusos, abandono o incapacidad parental".

Esta retirada, aseguró la representante del Cermi en la Comisión Especial de Estudio de la Adopción Nacional y Temas Afines de la Cámara Alta, "se hace por el mero hecho de tratarse de personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres, bajo el pretexto del bienestar del menor".

Tras separar al hijo de sus padres, detalló, los organismos responsables del bienestar del menor colocan a los pequeños en programas de acogimiento familiar permanente que permiten que el niño vea a su madre sólo una vez al mes, durante un tiempo muy limitado (30 minutos aproximadamente) "y en un entorno alejado y supervisado por los profesionales de los servicios sociales, a veces, incluso, hasta por personal de seguridad y vigilancia".

"GRAVES VULNERACIONES"

De esta forma, alertó Peláez, en el ámbito del acogimiento "se pueden estar cometiendo graves vulneraciones por motivo de discapacidad".

Desde esta perspectiva, el Cermi recomendó a las autoridades competentes que dediquen los recursos humanos y económicos destinados ahora a los programas que separan a los niños de sus padres biológicos para lograr su integración en otra familia, supuestamente por el bien del menor, a apoyar las necesidades específicas de sus progenitores con discapacidad.

"PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN"

Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de la Mujer del Cermi abogó por revisar la normativa vigente sobre adopción y acogida de niños con discapacidad y de menores cuyos padres tienen discapacidad, especialmente intelectual y enfermedad mental, en el ámbito estatal y de las comunidades autónomas, para proponer medidas de cambio a los órganos correspondientes en caso de discriminación.

Se trata, en opinión de este comité, de llevar hasta la legislación sobre adopción nacional el principio de no discriminación por razón de discapacidad, incluido ya en la normativa de adopción internacional, y prohibir, en consecuencia, la discriminación por razón de discapacidad en la declaración de idoneidad, salvo que se justificara de forma objetiva por el órgano competente la inaptitud de la persona con discapacidad para atender al menor.

En este sentido, el comité representativo de los españoles con discapacidad es partidario de analizar caso por caso y no de decidir si una persona puede acoger o ser padre o madre de un niño adoptivo en función de su discapacidad. Aboga, pues, por no "hacer distingos" en función de la discapacidad de los ciudadanos que se ofrecen para ser padres, sino por evaluar cada situación de forma individual, independientemente del tipo de problema que tenga el adulto que quiere ser padre o madre.

También apuesta el Cermi por incluir en la normativa sobre adopción y acogimiento nacional la necesidad de ofrecer medidas de apoyo para los padres con discapacidad, así como por no exigir un grado de formación profesional determinado a quienes se ofrecen para ser padre o madre de un niño con discapacidad.

Otro aspecto que a juicio del Cermi mejoraría la situación de las personas con discapacidad que quieren ser padres sería la sensibilización de todos los profesionales que intervengan en los procesos de custodia y adopción sobre los derechos y capacidades de las personas con discapacidad en relación al ejercicio de la paternidad "para que no se produzcan situaciones discriminatorias" como las que se dan ahora, eso sí, muchas veces de forma "subliminal".