Esta enmienda, que se aprobó con 30 votos a favor (PP, C´s, DiL y PSOE), dos en contra (ERC) y ocho abstenciones (Podemos), sustituye a la proposición no de ley presentada por el Partido Popular sobre el apoyo de la Cámara Baja a la Ley de Amnistía y Reconciliación aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela.

El texto aprobado expresa la solidaridad del Congreso de los Diputados con los venezolanos y su “preocupación” por la situación económica, social y política que se vive en el país caribeño, al tiempo que reitera su solicitud al Ejecutivo de Nicolás Maduro de que “se garantice las libertades, los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos y el pleno respeto al Estado de Derecho”.

Al mismo tiempo, reafirma su convicción de que la existencia de presos políticos en Venezuela es “incompatible con la existencia de un régimen democrático”. Por ello, muestra su “profunda preocupación” por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que declara “de forma contraria a los informes internacionales favorables de la ONU” la inconstitucionalidad de la citada ley de amnistía.

DIÁLOGO DEMOCRÁTICO

El texto también manifiesta su convencimiento de que “sólo desde el diálogo basado en el sincero reconocimiento mutuo” de los distintos actores políticos venezolanos y de las instituciones del país se conseguirá la “paz social y la estabilidad política e institucional” que se requiere para solucionar la “grave crisis” por la que atraviesa Venezuela.

La Cámara Baja también se compromete a hacer un seguimiento de la “grave crisis humanitaria y alimenticia” de Venezuela e insta a Maduro a que acepte los ofrecimientos de ayuda formulados desde “países amigos” como España.

Del mismo modo, el Congreso reconoce el trabajo impulsado por la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela en su lucha por “la libertad, los derechos y libertades” del país caribeño “de forma pacífica y siempre por las vías democráticas”.

A su vez, afirma su interés en coordinar una visita de trabajo integradas por miembros de la Cámara a la Asamblea Nacional de Venezuela con el objetivo de mostrar su apoyo a esta ley, así como condena los insultos proferidos por Maduro contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy y la respuesta del Gobierno español de llamar a consultas a su embajador en Caracas.

PARTIDOS POLÍTICOS

El diputado del PP José Ramón García Hernández dijo que los insultos de Maduro a Rajoy “no son más que un altavoz propagandístico” de sí mismo y le exigió a explicar “si financió a una fundación próxima a Podemos”, siempre y cuando sea un “dirigente democrático de verdad”.

Pablo Bustinduy, de Podemos, replicó que acusó al Gobierno de “utilizar permanentemente la crisis venezolana para hacer política nacional” y de “utilizar la tensión diplomática para sacar provecho de la situación”. “Convertir Venezuela en un asunto de política nacional no es inocente”.

Del mismo modo, el diputado socialista Salvador Antonio de la Encina afirmó que los españoles tienen “una obligación con los venezolanos”: “defender la democracia” en Venezuela, mientras que Aitor Esteban, del PNV, lamentó que la situación política en Venezuela “se utiliza para hacer política partidista por una lado y otro”. En esa línea se pronunció el diputado de Democràcia y Llibertat Jordi Xuclà, quien dijo que algunos países “acaban somatizándose como una cuestión política interna”.

Por último, el diputado de ERC Jon Tardá manifestó que Venezuela es “una democracia con todos los problemas que tienen y tenemos todas las democracias” y que España “no puede presumir de nada porque es una de las democracias que existen como mínimo en Europa. Pregúntenselo usted al alcalde de Granada”. Por su parte, Sol Sánchez, del Grupo Mixto afirmó que reza, “y eso que soy atea, porque en mi país no se apruebe nunca un texto como este”.