La sentencia ratifica el fallo de la Audiencia Nacional que condenó a J.I.I.S., conocido como 'El Barbas' y 'Pater', a dos años de prisión, y a J.L.M. y a B.P.I. a un año y seis meses de cárcel por un delito de amenazas no condicionales a colectivo concreto, con la atenuante de dilaciones indebidas.

La sentencia recurrida consideró probado que los tres condenados se pusieron de acuerdo para realizar una serie de acciones con la intención de que cualquier manifestación pública de la memoria histórica generara miedo en sus promotores.

Con este objetivo, según los hechos probados, la tarde del 19 de agosto de 2009 J.I.I.S. rompió la placa existente en el monumento 'Homenaje a los esclavos del franquismo' en el alto de Igal en el término municipal de Vidangoz.

Después, acompañado de los otros dos condenados, hicieron en un vehículo de un alguacil, propiedad del Ayuntamiento de Orkoyen, la pintada “Julio Kontuz, mira debajo” y "Zerri comunista” junto a un yugo y unas flechas. La misma noche pintaron una placa de la calle Dolores Ibarruri del mismo municipio con la bandera de España.

Posteriormente rompieron la escultura y las placas del monolito en recuerdo de los comunistas fugados del Fuerte de San Cristóbal en 1938 y realizaron pintadas en el monte Ezkaba. Acto seguido se fueron al cementerio de Berrioplano, donde pintaron la tapia con expresiones destinadas a menoscabar la realización de actos de reconocimiento de la memoria histórica.

Desde allí se desplazaron al cementerio de Aizoain, donde rompieron la placa en memoria de los fusilados del Fuerte de San Cristóbal, y, por último, realizaron distintas pintadas en la fachada principal del Ayuntamiento de Arbizu relativas al asesinato de republicanos en 1936, advirtiendo al alcalde y a los concejales: “Hoy se os vigila, mañana os matamos”.

La sentencia de la Sala de lo Penal indica que lo que se desprende de las pruebas existentes es que como resultado de unas escuchas telefónicas legales, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia y seguimiento, de cuya ejecución y resultado los agentes que lo pusieron en práctica informaron, primero al juzgado, con el envío del atestado correspondiente, y luego en la vista oral.

Por dicha intervención, subraya la sentencia, se tiene constancia de los desplazamientos que hicieron los tres condenados en la madrugada del 19 al 20 de agosto de 2009 y de los que hay constancia testifical por los funcionarios que realizaron los seguimientos.

El testimonio de los agentes es concluyente, porque revela que los tres implicados en la causa fueron vistos en el momento de reunirse y después desplazándose juntos a todos los lugares que figuran en los hechos probados, y en los que, en coincidencia temporal con su presencia en cada uno de ellos, se ocasionaron los destrozos en elementos dedicados a la conmemoración de algunas víctimas de la dictadura franquista.

Además, la sentencia del Tribunal Supremo destaca que hay otras pruebas, como el plano de rutas incautado en el domicilio de uno de ellos o los botes de spray de pintura negra encontrados en el coche de otro.

Por todo ello concluye que el conjunto de elementos de juicio es abrumador. “La correlación entre los daños registrados y los desplazamientos del recurrente y de sus acompañantes es de la mayor elocuencia. La coherencia del significado de tales acciones y la ideología de los tres implicados resulta asimismo manifiesta. Las comunicaciones telefónicas, dado el contexto en que se produjeron, tienen como interpretación más racional la que ha hecho la sala. El plano con el itinerario al que acaba de aludirse abunda en idéntico sentido. Y los botes de pintura son los utilizados para hacer pintadas como las de la causa”.

Añade que de todas estas pruebas se deduce la existencia de multiplicidad de indicios, procedentes de una pluralidad de fuentes, que guardan entre sí relación de compatibilidad y que convergen de manera inequívoca sobre los condenados y, además, precisamente sobre las acciones de que se trata, producidas todas en una reducida franja temporal en la que se produjeron los movimientos de los en juiciados.

La sentencia confirma el pago de una indemnización por daños morales al alcalde y a tres concejales del Ayuntamiento de Arbizu y al alguacil de Orcoyen, de 1.000 euros a cada uno de ellos, por las amenazas de muerte vertidas en las pintadas, además de cerca de 4.000 euros por los destrozos causados con sus actos.

La Sala Segunda sólo estima parcialmente el recurso de uno de los tres condenados en relación con las costas que se fijan para cada uno de ellos en 1/14 en lugar del 1/7 de la sentencia de la Audiencia Nacional.