La asociación se refiere a la repuesta que ofreció Rajoy al periodista Jordi Évole en un programa emitido este domingo cuando le preguntó si le parecía de sentido común que en 2016 miles de españoles no sepan todavía dónde están enterrados sus abuelos, a lo que el presidente del Gobierno contestó: "A mí me gustaría que todo el mundo supiera donde están enterrados sus abuelos pero no tengo claro que sea cierto eso que usted me dice ni que pueda hacer nada el Gobierno por arreglarlo". Évole, con tono de sorpresa ante la respuesta, le dijo entonces: "Cierto sí que es, señor Rajoy"; y el jefe del Ejecutivo sí reconoció entonces que era verdad aunque se mostró partidario de pasar página.

Fuentes de la ARMH señalaron a Servimedia que Rajoy puso de esta forma "en duda la existencia de familias que buscan a sus desaparecidos por la represión de la dictadura franquista”.

“Rajoy", indicaron, "también puso en duda la existencia de desaparecidos de la dictadura, insultando y humillando desde su posición de poder, a las miles de familias que desconocen el paradero de un ser querido y que llevan años esperando a que se acabe la transición y empiece una democracia que respete los derechos humanos y termine con la dIscriminación entre víctimas de delitos violentos”.

Para esta asociación, “en España hay víctimas que tienen todos sus derechos garantizados por el Estado y otras, como las del franquismo, que buscan ayuda de voluntarios para resolver los crímenes más graves que pueden cometerse contra un ser humano”.

Según esta entidad, Rajoy afirmó que no sabe si su Gobierno puede solucionar algún problema al respecto, “pero sí sabemos que han ayudado a los familiares de la División Azul, como reconoció en enero de 2015, en sede parlamentaria, el ministro de Defensa, y financian a la organización Comisión Internacional de Personas Desaparecidas que exhuma fosas en diferentes países extranjeros”.

Fuentes de la ARMH informaron de que “recientemente, el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha instado al Gobierno de España a solucionar el problemas de los 114.226 desaparecidos y hacerlo con urgencia, para que las familias de esas decenas de miles de hombres y mujeres puedan conocer su paradero y cerrar un duelo que dura décadas”.

Asimismo, criticaron a Rajoy porque “niega con su afirmación los informes del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria y del Relator Especial para la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, ambos organismos de la ONU que visitaron España en 2013 y 2014 y comprobaron la existencia de miles de familias que esperan a un Gobierno español que garantice los derechos humanos; porque si no están garantizados no son un derecho”.

La ARMH llevará próximamente al registro del Palacio de la Moncloa, documentación acerca de las desapariciones y ofrecerá al Ejecutivo de Rajoy la posibilidad de darle, "de forma gratuita, un curso básico de derechos humanos, una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española".