En declaraciones a Servimedia, el presidente de IHE explicó que los documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) pueden ayudar a la Agencia Tributaria a obtener información de la que se carecía, ya que los datos relacionados de paraísos fiscales se caracterizan por “el anonimato, la opacidad y el secretismo”.

Groba señaló que el cruce de información con los datos del ‘Modelo 720’ de declaración de bienes y derechos en el extranjero puede dar resultados “positivos”, con el “único problema” de que será necesario que la Agencia realice requerimientos individuales a Panamá para completar la información y “a ver qué responden”.

Con efectos desde el 25 de julio de 2011, fecha de entrada en vigor del convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, la República de Panamá dejó de considerarse paraíso fiscal.

El intercambio de información sigue el modelo de la OCDE, por lo que se efectúa a través de requerimientos individualizados en los que ha de identificarse a la persona respecto a la que se solicita la información y acreditarse que la misma es “previsiblemente relevante” para el esclarecimiento del caso.

Según el presidente de la Organización de Inspectores, es “muy complicado obtener información” a través de estos modelos, a lo que se une que Panamá puede considerar que las pruebas son “ilegales” por “ilicitud” de la manera en que se han conseguido y se niegue a dar datos.

Groba apuntó que no le ha sorprendido las informaciones desveladas porque hay informes que apuntan que la cuantía de los activos depositados en paraísos fiscales duplica al PIB de Estados Unidos, si bien agregó que “una cosa es tener sospechas y otra tener pruebas”.

MEDIDAS

Para acabar con los paraísos fiscales, los inspectores de Hacienda consideran fundamental una acción coordinada de todos los países de desarrollados, aunque apunta una serie de medidas que se podrían adoptar a nivel nacional.

Así, por ejemplo, apuestan por regular las actuaciones de inspección sin el conocimiento del obligado tributario (de incógnito) o regular la denuncia tributaria, con participación del denunciante en el importe de la sanción que se imponga.

En este sentido, IHE destaca que las medidas más eficaces en la lucha contra los paraísos fiscales han sido las de tipo coercitivo, o las que se han basado en la obtención de información de empleados de las entidades financieras.

Además, proponen que las entidades bancarias residentes en España no puedan tener sucursales, ni establecimientos abiertos en paraísos fiscales, salvo que suministren a la Administración Tributaria la misma información que proporcionan respecto de las operaciones realizadas en territorio nacional.