En su informe ‘El lado oscuro de un bello juego: explotación en una de las sedes de la Copa del Mundo 2022 de Qatar’, Amnistía Internacional carga contra la indiferencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ante “el espantoso trato que sufren los trabajadores migrantes”, cuando está previsto que el número de empleados involucrados en las obras del Mundial se multiplique por 10 en los próximos dos años, hasta unos 36.000.

El informe se basa en entrevistas a 132 personas migrantes que trabajan en las obras de reforma del Estadio Khalifa, el primero que está previsto terminar para el torneo futbolístico y en el que se jugará una semifinal de la Copa del Mundo en 2022. Otros 99 migrantes entrevistados trabajaron en las zonas verdes del colindante complejo deportivo Aspire Zone, en el que este invierno entrenaron los equipos de fútbol Bayern Munich, Everton y Paris Saint-Germain.

“Los abusos contra los trabajadores migrantes son una mancha en la conciencia del fútbol mundial. Para jugadores y aficionados, un estadio donde va a jugarse la Copa del Mundo es un lugar para soñar. En cambio, para algunos de los trabajadores que hablaron con nosotros puede llegar a ser una verdadera pesadilla”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, quien añadió que, “a pesar de cinco años de promesas, la FIFA ha sido prácticamente incapaz de impedir que la Copa del Mundo se construya sobre abusos contra los derechos humanos”.

CARTA A VILLAR

Además, la sección española de Amnistía Internacional se dirigió por carta el pasado 19 de febrero al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, para pedirle que ejerciera su influencia en la FIFA en relación con “la explotación de trabajadores migrantes en el contexto de la Copa del Mundo 2022 de Qatar”, sin recibir aún respuesta.

La organización ha instado a Villar a que manifieste su apoyo para que la FIFA ponga en marcha medidas eficaces para identificar, prevenir y mitigar posibles abusos contra los derechos humanos en relación con los Mundiales actuales y futuros eventos de la FIFA, como el acceso a una reparación justa para las víctimas.

Todos los jardineros y obreros de la construcción que hablaron con Amnistía Internacional denunciaron abusos de una u otra clase, entre ellos denegación por parte de los empresarios del permiso de residencia o su renovación, algo que les deja expuestos a sufrir detención y expulsión como empleados ‘fugados’, y confiscación del pasaporte y denegación de permisos para que no puedan salir del país.

Amenazas por denunciar sus condiciones, alojamiento precario y en condiciones de hacinamiento, obligación de pagar elevadas tasas (de 500 a 4.300 dólares estadounidenses) a contratistas en el país de origen para conseguir empleo en Qatar, engaño en cuanto al salario o al tipo de trabajo ofertado (todos los hombres, excepto seis, ganaban un sueldo inferior al que se les había prometido a su llegada), impago del salario durante varios meses, lo que ocasiona dificultades económicas, y problemas emocionales a unos trabajadores que ya soportan un fuerte endeudamiento son otros de los problemas relatados a AI.

Amnistía Internacional ha sacado a la luz indicios de que el personal de una empresa proveedora de mano de obra amenazó con aplicar sanciones para obligar a algunos migrantes a trabajar, como retenerles la paga, entregarlos a la policía o impedir que salieran de Qatar, lo que constituye trabajo forzado según el derecho internacional.

Los trabajadores, en su mayoría de Bangladesh, India y Nepal, hablaron con Amnistía Internacional en Qatar entre febrero y mayo de 2015. Cuando un equipo de investigación de AI volvió a Qatar el pasado mes de febrero, a algunos de los empleados los habían trasladado a un alojamiento mejor y la empresa les había restituido los pasaportes en respuesta a las conclusiones de la ONG, pero no se había buscado una solución a otros abusos.

“Endeudados, viviendo en precarios campos en el desierto, cobrando una miseria, las condiciones de los trabajadores migrantes contrastan abrumadoramente con las de los futbolistas de máxima categoría que jugarán en ese estadio. Lo único que necesitan los trabajadores son sus derechos: cobrar puntualmente, poder salir del país si surge la necesidad y recibir un trato digno y respetuoso”, señaló Shetty.

El sistema qatarí de patrocinio, llamado ‘kafala’, por el que los trabajadores migrantes no pueden cambiar de trabajo o abandonar el país sin permiso de su empleador (o de su ‘patrocinador’), es el principal causante de las amenazas para obligar a la gente a trabajar.

PATROCINADORES

Algunos de los trabajadores nepalíes contaron a Amnistía Internacional que ni siquiera les habían permitido visitar a sus seres queridos después del terremoto de abril de 2015 que asoló su país y que dejó miles de muertos y millones de personas desplazadas.

Amnistía Internacional ha pedido a a la FIFA que aborde el problema de la explotación de los obreros del Estadio Internacional Khalifa y den a conocer su plan para prevenir nuevos abusos en proyectos de la Copa del Mundo, y se ha dirigido a los patrocinadores principales del Mundial, como Adidas, Coca-Cola y McDonald’s, para que presionen a la FIFA. La organización lanza una ciberacción en su centro de activismo online ‘www.actuaconaminstia.org’ para que la ciudadanía pueda sumarse a esta petición.

AI reclamó a la FIFA que presione a Qatar para que haga público un plan integral de reforma antes de las fases de mayor trabajo de construcción para la Copa del Mundo, previstas a mediados de 2017, que incluya medidas como retirar a los empleadores la facultad de impedir que los trabajadores cambien de trabajo o abandonen el país, investigar debidamente las condiciones de trabajo e imponer sanciones más estrictas a las empresas que cometen abusos, en tanto que la FIFA debería llevar a cabo sus propias inspecciones periódicas independientes sobre las condiciones de trabajo en Qatar y publicar sus resultados.