El presidente de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty), Miguel Ángel Sencianes, dijo que Trillo no está por encima de ley, sino que “es un ciudadano más” que debería ser imputado en la causa porque, según los informes, conocía las deficiencias de los aviones que se utilizaban para transportar las tropas y, por lo tanto, “podría haber evitado la muerte de 62 personas”.

Los familiares de los militares fallecidos acudieron a la sede de los juzgados con motivo de la vista de apelación celebrada esta mañana por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar los recursos presentados contra la negativa del juez Fernando Grande-Marlaska a ampliar las imputaciones por las responsabilidades políticas en la contratación de la aeronave siniestrada.

En la vista, en la que estuvieron presentes los magistrados Ángela Murillo, Juan Francisco Martell y Carmen Paloma González Pastor, las acusaciones pidieron que se amplíen las imputaciones, además de a Trillo, a un total de cuatro civiles y doce militares, entre ellos al ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre Sintes, y al ex jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza Morales.

En contra de estos argumentos, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, aseguró ante el tribunal que no hay datos que permitan ampliar las imputaciones y actuar contra el ex ministro Trillo. “No se puede extender las responsabilidades como una mancha de aceite sobre toda la administración militar”, afirmó.

62 HOMICIDIOS

El juez Marlaska, en un auto dictado el 20 de mayo de 2008, tan solo aceptó la imputación de cinco responsables de la cúpula militar de 2003, entre ellos del ex jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

El magistrado les acusa de 62 homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del Yak-42. Dentro de la División de Operaciones del Emacon, el magistrado también imputó en la causa al contralmirante José Antonio Martínez, al coronel Joaquín Yáñez y al comandante Alfonso Elías Lorenzo.

Sencianes aseguró que se ha demostrado que Trillo y los miembros de la antigua cúpula militar tenían en su poder antes del accidente los informes y las quejas que denunciaban las deficiencias de los vuelos de transporte de tropas, por lo que “merecen la imputación”. “Ya han pasado siete años y los familiares necesitan celeridad y amparo de la justicia para que el juicio oral salga adelante”, señaló.

El abogado de Afaty, Leopoldo Gay, aseguró que en la investigación judicial ha quedado claro que los máximos responsables del Ministerio de Defensa sí tuvieron conocimiento de los citados informes. “Parece impensable que la cúpula no prestara atención”, señaló.

El Yak-42 fue alquilado por la contratista Chapman Freeborn, una empresa británica subcontratada a su vez por la OTAN. Las acusaciones pidieron también a los magistrados de la Sala de lo Penal la imputación de varios de los responsables en España de esta empresa.

La otra causa que se seguía en la Audiencia Nacional por el accidente del Yak-42, en concreto la que investigaba el error en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas, ya fue llevada a juicio.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a tres años de cárcel al jefe de la delegación española enviada al lugar del accidente, el general Vicente Navarro, y a un año y medio de prisión a sus dos subordinados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. La sentencia fue confirmada en su integridad este miércoles por el Tribunal Supremo.