Esta fundación, de la que depende el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones corre peligro, necesita dinero para poder seguir atendiendo a las más de 5.000 mujeres embarazadas que cada año llaman al telefóno de atención de esta entidad (918 222 436) porque tienen dudas sobre ciertos medicamentos que han ingerido.

También necesita dinero para poder investigar, para descubrir, por ejemplo, que no sólo las mujeres tienen que dejar de fumar cuando se quieran quedar embarazadas y tener hijos sanos, sino también los hombres, porque las sustancias nocivas del tabaco llegan a los espermatozoides. Sin dinero no podrán seguir prestando ayuda a los padres de niños afectados por defectos congénitos.

"No es la primera vez que tenemos problemas económicos, pero esta vez veo más dificultades", explicó a Servimedia la doctora María Luisa Martínez Frías, directora de la Fundación y del Estudio Colaborativo de Malformaciones, bióloga especializada en investigación de defectos congénitos, una mujer que ha recibido varios premios como el "Reina Sofía de Investigación sobre Prevención de las Deficiencias" en 1988.

"La Fundación nació en el año 1993 motivada precisamente por la crisis esconómica de los años 90, que puso en peligro la supervivencia de nuestro grupo de investigación, que había comenzado a trabajar en 1976, en el denominado Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. Hicimos una campaña pública de petición de 1.000 pesetas para financiar nuestras investigaciones y así salilmos adelante".

La doctora Martínez Frías demanda hoy de nuevo la atención de la sociedad española para poder seguir investigando, "muchos pocos, hacen mucho" y sueña con un patrocinador que pueda pagar los sueldos de su equipo, una veintena de profesionales, entre investigadores, administrativos y un informático, que tienen unos sueldos que "no llegan ni a los 1.000 euros al mes".

Repite que la prevención, que es a lo que se dedica la fundación, "es absolutamente rentable", pero no visible, y que la fundación 1.000 no pretende sustituir a las Administraciones Sanitarias, sino colaborar y complementar su labor y agrega que la responsabilidad de los Poderes Públicos en la prevención de efectos congénitos "es insoslayable".