En la operación, conocida como 'Yuyus', los agentes se incautaron de 183 toneladas de merluza negra declarada como atún. Se estima que el valor de dicha mercancía en el mercado ascendería a unos dos millones de euros.

El campo de actuación de la presunta trama abarcaba, según la Guardia Civil, desde la práctica de capturas ilegales como actividad principal a otras que permitirían blanquear los beneficios ilegalmente obtenidos, estando pendiente esta investigación.

Este tipo de delitos generan unos beneficios a través de la venta ilegal de la merluza negra que pueden superar anualmente los 10 millones de euros (el precio medio de este pescado en su destino final supera los 50 euros por kilo).

Estas detenciones forman parte de la participación de España en el CCAMLR, una convención internacional que nació para proteger el espacio que comprende la Antártida y sus aguas circundantes, siendo el principal objetivo la preservación de los recursos vivos marinos antárticos.