En la campaña participan, entre otros, los arquitectos y los ingenieros aeronáuticos; agrónomos; agrícolas; caminos, canales y puertos; industriales; minas; montes; forestales; navales y oceánicos; obras públicas; telecomunicación, y topógrafos.

El presidente del Instituto de la Unión Profesional de Colegios de Ingeniería, Edelmiro Rúa, explicó en una rueda de prensa en Madrid que el Gobierno, tras la aprobación de la llamada "Ley Ómnibus", ultima un real decreto que dejaría a los ciudadanos desprovistos de las garantías de seguridad y prevención que los trabajos de ingeniería y arquitectura han tenido hasta ahora.

Rúa señaló que este real decreto fijará qué profesiones tendrán un visado obligatorio, que certifica "que la persona que hace el acto profesional es un técnico cualificado que está cumpliendo toda la normativa y lleva aparejado, además, un seguro de responsabilidad civil".

"El visado es una garantía de calidad del producto y si hay algún problema, el ciudadano podrá reclamar a través del seguro de responsabilidad civil", agregó.

El presidente del Instituto de Ingeniería Técnica de España, Gonzalo Meneses, afirmó que "está en juego la seguridad de las personas" y puso como ejemplo que en un hospital mueran personas por no estar atendidos por personal cualificado y con el material asegurado o que "en una presa se mueran de 100 en 100" por idéntico motivo.

Meneses aseguró que el visado supone el 0,03% del coste de las obras de ingenieros industriales o el 0,16% de las ingenierías técnicas, con lo que rechazó que encarezca las obras que realizan estos profesionales.

Por último, el presidente del Instituto de Ingeniería de España, Manuel Acero, indicó que los ingenieros y los arquitectos tienen la mano con "voluntad de diálogo" para el mantenimiento del visado profesional y que si el Gobierno no atiende su demanda, llevará este caso ante la Comisión Europea o los tribunales internacionales.