El escrito, firmado por el fiscal Vicente González Mota, pide que se impute este delito a un cargo público por primera vez. Hasta ahora cinco municipios habían sido investigados por aprobar mociones de apoyo al Parlament.

Coma se pronunció en un Pleno municipal a favor de la declaración soberanista y defendió la desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional que la anuló.

El fiscal pide al juez Moreno que llame a declarar al concejal en calidad de investigado y hace referencia al informe enviado por el Ayuntamiento en el que se indica que el edil independentista pidió que “dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españoles, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional", al que considera "carente de legitimidad y competencia", según el informe del ministerio público.

Además, recoge que Coma añadió: "Desobediencia, hace tiempo que venimos reclamándolo. Nosotros hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos...", e insistió en que la declaración de la Cámara catalana no es una "simple declaración de intenciones", sino una postura que "se debe tomar muy en serio”.

La Fiscalía entiende que estas palabras podrían ser constitutivas de un delito de provocación a la sedición tipificado en el Código Penal.

El pasado 3 de febrero el magistrado Ismael Moreno asumió dicha investigación y pidió una copia de la grabación del Pleno municipal de Vic en el que se apoyó la resolución independentista.

Según dice, esas declaraciones del concejal constituyen un acto "público incitando a impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional". Entiende que reúne los requisitos de que el autor de los hechos sea una autoridad, que haga manifestaciones públicas y que llame a desobedecer decisiones judiciales.

ARCHIVADAS

La investigación sobre el Ayuntamiento de Vic sigue abierta. Sin embargo, el juzgado de instrucción número tres, a cargo de Carmen Lamela, ha acordado el archivo de la denuncias presentadas por la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Premiá de Dalt (Barcelona), que también aprobó una moción de apoyo a la resolución.

Lamela tomó la misma decisión que su compañero del juzgado número cinco, José de la Mata, que también archivó una denuncia idéntica de la Fiscalía por esos mismos delitos contra el Pleno municipal de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), que también respaldó la resolución independentista del Parlamento autonómico de Cataluña. El fiscal recurrió esta decisión, que juzga “insólita e inconsistente”.

La jueza Carmen Lamela afirma que los hechos denunciados no son constitutivos de delito porque el acto llevado a cabo por el Pleno municipal es únicamente una muestra de apoyo al Parlamento catalán sin consecuencia práctica alguna.

Asimismo, indica que el Pleno se celebró el 23 de noviembre, antes de que se dictara la sentencia por la que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la citada resolución, el día 2 de diciembre de 2015, razón por la que no pudo tenerla en cuenta.

En su auto de archivo, De la Mata recordaba que los hechos objeto de la denuncia supuestamente se produjeron justo después de la suspensión de la Resolución 1/XI del Tribunal Constitucional, pero “desde luego” antes de que se dictara la sentencia sobre el fondo del asunto que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución parlamentaria.

La Fiscalía también había actuado contra los ayuntamientos de Girona capital, Igualada (Barcelona) y La Seu d'Urgell (Lleida), gobernados por CiU, y Celrà (Girona), gobernado por la CUP. El resto de causas se encuentran en manos de los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz e Ismael Moreno.