El informe, presentado este jueves en Madrid, lo han dirigido Francisco Pérez, director de investigación del IVIE y catedrático de la Universidad de Valencia, y Ezequiel Uriel, profesor investigador del IVIE y catedrático de la misma universidad, en colaboración con Vicent Cucarella, Laura Hernández y Ángel Soler, economistas del IVIE.

El documento realiza un análisis de la evolución y situación de la educación en España desde principios de siglo, con la finalidad de aportar datos objetivos a la planificación y evaluación de políticas y facilitar la toma de decisiones en el área.

Indica que desde el año 2000 la evolución del gasto educativo en España se ha caracterizado por una trayectoria irregular y dependiente del ciclo económico, ya que la crisis ha frenado su ritmo de crecimiento previo, situado en el entorno del 3% anual.

Después de alcanzar en 2011 un máximo de 73.662 millones (en euros constantes de 2013) el gasto total (público+privado) en educación se redujo un 5,7% hasta situarse en 2014 en 69.461 millones de euros. Los autores mantienen que este ajuste ha tenido su origen fundamental en el comportamiento del gasto público, que se redujo 7.000 millones entre 2009 y 2014, habiendo repuntado en 2015 para situarse en 41.165 millones de euros, según estimaciones provisionales.

Ante esta situación, el estudio advierte de que la caída del gasto público en educación ha ocasionado tensiones no deseables en actividades de esta naturaleza al poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema educativo.

Así pues, aunque buena parte de los avances en la fase de expansión se debieron al sector público este ha sido también el responsable de los retrocesos. El estudio subraya “el compromiso más estable de las familias con el gasto educativo durante la crisis, a pesar de que también han sufrido caídas de ingresos en los últimos años”.

Los autores explican que las familias destinan un 39,2% de su gasto en educación a clases lectivas, y la mitad de esta partida se concentra en la Educación Infantil y Primaria, los niveles educativos en los que se cursan más años de formación, siendo la financiación pública más limitada en educación infantil.

En segundo lugar, la compra de bienes y servicios conexos, como uniformes, libros o transporte escolar representa un 25,5%. Los servicios y actividades complementarias suponen un 23,9% y las actividades extraescolares, dentro y fuera del centro el 11,4%. El gasto de los hogares en educación aumenta en función del nivel de rentay los de mayores ingresos dedican un porcentaje cuatro veces superior al de las familias de ingresos menores.

CREAR UN FONDO DE RESERVA

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema educativo, y protegerlo de posibles ajustes durante crisis intensas y duraderas como la actual, recomiendan crear un fondo de reserva, similar al de la Seguridad Social, controlar el crecimiento del gasto en las fases de expansión económica y vincular la financiación a los resultados formativos para hacerlo más eficiente.

El peso del gasto en educación de las familias españolas en el gasto final de la economía alcanza el 0,5% del producto interior bruto (PIB) y es superior a la media europea (0,4%), mientras que el gasto del sector público es claramente inferior (3,8% frente a 4,6%).

El sistema educativo español está integrado por 28.000 centros no universitarios y más de 1.000 centros universitarios. La financiación del gasto de la totalidad de los centros de formación reglada (desde la Educación Infantil a la universitaria) se reparte entre un 80,4% correspondiente al sector público (33.949 millones de euros en 2013), un 17% a las familias (7.173 millones de euros) y el restante 2,6% (1.101 millones de euros) a otros agentes (empresas y resto del mundo).

Las aportaciones de las administraciones a la financiación de los centros públicos representan el 91% de los fondos que estos manejan. Por esta razón, los ajustes de gastos en las cuentas públicas han sido determinantes de la trayectoria irregular de la financiación de estos centros educativos, señala el estudio.

DIFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADO

Los recursos de los centros privados -concertados y no concertados- apenas han retrocedido durante la crisis debido a que sus fuentes de financiación están más diversificadas y se han comportado mejor. Las aportaciones de las administraciones a la enseñanza privada a través de los conciertos educativos representan algo más del 55% de los recursos de los centros privados de infantil y primaria y el 61% de los de educación Secundaria y Profesional.

Respecto a los resultados educativos, los autores concluyen que han mejorado mucho en España si se considera la ampliación del acceso a los niveles de formación postobligatoria de los jóvenes. Sin embargo,subrayan que el “sistema tiene importantes debilidades que ponen en cuestión su eficacia, su eficiencia en el uso de recursos y también la igualdad de oportunidades”.

La primera debilidad es el elevado porcentaje de estudiantes, un 25%, que no completa la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a los 16 años. Además de importantes problemas de retraso y abandono educativo temprano, también existen los que reflejan los bajos niveles de competencias adquiridas.

También señalan los autores que una mayor dependencia del gasto educativo de las familias condiciona más la igualdad de oportunidades en la formación, al hacerla más dependiente del nivel de renta y de las prioridades de cada hogar. Los resultados demuestran que un entorno familiar favorable es mucho más decisivo para los resultados formativos que la titularidad del centro. Los centros privados obtienen mejores resultados, fundamentalmente, porque entre sus alumnos son más frecuentes los entornos socioeconómicos favorables.

Un último aspecto que cita el estudio es que la formación relacionada con el empleo sigue siendo, en gran medida, una asignatura pendiente en España. Aunque el gasto en formación en las empresas (el que dedican a sus propios trabajadores) se ha multiplicado por cuatro desde 2000 a 2013 hasta alcanzar 7.320 millones de euros, se mantiene muy alejado del nivel de países más avanzados. El gasto público en formación ocupacional ha caído un 35% durante la crisis, hasta situarse en 1.153 millones de euros (2013), pese a las elevadas necesidades de formación de los parados.

Problemas y vías de solución

En conclusión, el informe muestra que el sistema educativo español es similar en muchos de sus rasgos a los de los países desarrollados, pero identifica importantes problemas de eficiencia, equidad y también de inestabilidad financiera, derivados fundamentalmente de una deficiente programación a medio plazo del gasto público.

“España necesita hacer un esfuerzo mayor para mejorar la educación reglada y la formación a lo largo de la vida laboral. Eso no significa sólo gastar más sino, sobre todo, gastar mejor, con objetivos y programas de actuación a largo plazo”, señalan los autores.