El decreto pretende garantizar un adecuado seguimiento y mejorar las medidas de atención sanitaria, rehabilitación y prevención a las víctimas de la talidomida, según la Junta de Andalucía.

La creación del registro, que responde a una iniciativa del Parlamento andaluz adoptada por unanimidad, conlleva un procedimiento de evaluación para ofrecer a quien lo solicite la posibilidad de identificar la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de talidomida.

Esto facilitará, a juicio del Gobierno andaluz, un reconocimiento oficial de la Administración sanitaria de cara a posibles reclamaciones de los afectados ante los tribunales.

El registro, adscrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, permitirá asimismo, en opinión del Ejecutivo andaluz, “disponer de información fiable, actualizada y completa para determinar el número y la situación de las víctimas, así como el alcance real del problema en la comunidad autónoma”.