Andalucía. Más de 2.000 personas sordas reclaman a la Junta que se reconozcan sus derechos
- Se concentraron en Sevilla para protestar por la falta de atención social que amenaza al colectivo
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Más de 2.000 personas sordas andaluzas y sus familias han reclamado a la Junta de Andalucía “que se reconozcan sus derechos” y exigido que “se dote de recursos humanos y económicos a las necesidades del colectivo para que no se comprometa la atención social básica que precisan las ciudadanas y ciudadanos sordos”.
En la actualidad, las personas sordas andaluzas carecen de recursos adaptados, así como de intérpretes de lengua de signos en ámbitos tan destacados como el sanitario o el sociolaboral. “Vivimos en un entorno plagado de barreras de comunicación que impiden nuestra participación y cada vez nos hace más dependientes”, lamentaron durante la concentración que protagonizaron el sábado en Sevilla, al tiempo que recordaron al Gobierno andaluz que “tanto deberes como derechos están para cumplirse”.
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) hizo referencia a la vuelta de los intérpretes de lengua de signos española a RTVA tras más de 125 días de huelga, hecho que considera positivo. No obstante, recordó que “miles de personas sordas siguen sin tener derecho a la accesibilidad en muchos otros ámbitos de su vida”.
A ello se suma el reciente cese en la actividad de esta federación debido al dinero que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en el ámbito de formación y empleo, les adeuda. Una situación que Alfredo Gómez ha calificado como “insostenible” y “causa directa de que a día de hoy ya no haya trabajadores en la federación y en proceso extintivo de ERE”. Al respecto, Gómez declaró que no tienen ninguna expectativa de cobrar ese dinero, ya que “a pesar de que nos aseguran que se va a resolver la situación de la deuda de formación, la otra deuda del programa de empleo de Orienta, nos urgen los pagos correspondientes por importe del 75 por ciento de 937.968 euros de los cuales, por el momento, solo se ha cobrado un 25 por ciento”.
Otra de las demandas que motivó la concentración del sábado fue la necesidad de poner en marcha el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2011, de 11 de diciembre, que regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral en esta comunidad autónoma. Garantía que, en opinión del presidente de la FAAS, requiere “que se apruebe una dotación económica que proporcione estabilidad a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.
(SERVIMEDIA)
07 Mar 2016
CVC/gja