Tras la declaración, continuación de la del viernes pasado, Gutiérrez salió caminando del edificio judicial y trató de evitar a los periodistas. De hecho, a su salida uno de los informadores le preguntó por su comparecencia ante el magistrado, y el exgerente popular, airado, le respondió: “Déjenme, por favor”.

Gutiérrez permaneció en el juzgado alrededor de tres horas y su declaración ante el juez sigue secreta, por lo que sólo estuvieron presentes el magistrado, la Fiscalía y su abogado.

Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid están siendo investigados después de que el pasado 11 de febrero el juez Velasco ordenara cinco registros, entre ellos en el despacho del exgerente popular en la sede del PP de la calle Génova.

El juez trata de esclarecer si incurrieron en delitos de blanqueo de capitales y de cohecho dentro de la trama de corrupción 'Púnica', que afecta al PP de Madrid. En su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Gutiérrez negó cualquier participación en los hechos.

Las sospechas contra ambos parten de las anotaciones encontradas en una agenda del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, único de los considerados líderes de la trama que permanece en prisión y a quien el juez ya le dijo cuando le tomó declaración que creía que parte del dinero "hinchado" en los contratos se lo repartían él y "el Partido Popular de la Comunidad de Madrid".

Beltrán Gutiérrez Moliner tenía una estrecha relación con la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre. Fue el gerente del partido durante 14 años y su más estrecho colaborador en la primera planta de Génova 13.

En otoño de 2014 se vio obligado a dejar su puesto tras destaparse que se había gastado 58.000 euros con una de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Pero Aguirre lo recolocó en pocos días.

Su nombre aparece además en una grabación del sumario 'Gürtel' en la que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, dice que Gutiérrez le pidió una comisión de 10 millones de euros. Hay sospechas de que financió ilegalmente la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid de 2003, en las que Aguirre era candidata.