Así lo recoge esta institución en su informe anual correspondiente a 2015, entregado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López; del Senado, Pío García-Escudero, y de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Joseba Agirretxea.

La institución dirigida por Becerril recibió el año pasado más de 450 quejas medioambientales y recalca en su informe que fueron “especialmente numerosas” las relativas a las molestias generadas por el ruido ambiental urbano, sobre todo el procedente de locales de hostelería, fundamentalmente bares o discotecas.

El Defensor del Pueblo destaca que “un número considerable” de estas quejas se refiere a la ciudad de Madrid y apunta que la mayoría de los casos se debe a “las molestias que sufren los vecinos que viven cerca de estos locales de ocio”.

“En la resolución de estos expedientes se suele tardar varios años, ya que la tramitación administrativa es compleja. También conviene señalar que las medidas correctoras adoptadas no siempre son efectivas y la adopción de medidas cautelares o provisionales no suele ser habitual, aunque se sugiere su adopción”, señala el informe.

El Defensor del Pueblo subraya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alude en su ‘Guía sobre el ruido urbano’ a los efectos del ruido en las viviendas, tales como trastornos del sueño, molestias e interferencias en la conversación, y asegura que los efectos del ruido y sus consecuencias a largo plazo sobre la salud se están generalizando.

“Por ello, parece esencial ejercer acciones para limitar y controlar la exposición al ruido ambiental, por sus implicaciones sobre la calidad de vida, la conservación del entorno y la propia salud”, sugiere el Defensor del Pueblo.

Por otro lado, la oficina comandada por Becerril también tramitó el año pasado quejas de ciudadanos por el ruido generado por grandes infraestructuras (aeropuertos, carreteras y ferrocarriles), la falta de restauración de los espacios dañados y su reparación por empresas que finalizaron su actividad hace décadas, problemas relativos al agua (inundaciones y limpieza de cauces) y los contenedores y las molestias (olores, ruidos o plagas) que generan a las viviendas cercanas.