Esta situación ha provocado, según el informe, que algunos de los demandantes estuvieran en la calle durante días o que fueran alojados en recursos inadecuados a su condición.

El Defensor refiere quejas por solicitantes llegados al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que, una vez admitida su solicitud, se les derivaba al Samur Social para que se les adjudicaran plazas de acogida. Estos recursos, además de no estar pensados para solicitantes de asilo, “se encontraban llenos y los solicitantes eran informados de que podían quedarse una noche, si bien no siempre contaban con camas disponibles”.

En las quejas recibidas se reflejaba además que algunos solicitantes, tras estar días buscando sitio para alojarse sin éxito y durmiendo en la calle habían sido acogidos en un albergue, al que, entre otras características, solo se podía acceder para pernoctar, dado que se trata de recursos para personas sin techo.

En estos casos, los interesados no disponían de ningún lugar donde permanecer durante el día, no tenían la manutención asegurada, ni tarjeta sanitaria al no tener alojamiento ni posibilidad de empadronarse.

El Defensor dice que la demora en la resolución de los expedientes pendientes de años anteriores continúa sin solucionarse y no parece que los nuevos efectivos asignados a la Oficina de Asilo y Refugio sean suficientes.

Asimismo, lamenta que “un año más, continúe sin ver la luz el reglamento de desarrollo de la ley de asilo, pendiente desde el año 2009”.

Una parte importante de las quejas recibidas durante el ejercicio 2015, denunciaban las importantes demoras en las citas para presentar la solicitud de protección internacional, tanto en la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, como en otras ciudades, particularmente Valencia y Málaga.

El Defensor afirma que las demoras en las solicitudes de extensión familiar “pueden acabar poniendo en una situación de riesgo a familiares de los refugiados que se encuentran en España y ya han iniciado el procedimiento de extensión o reagrupación”. Se han recibido quejas en las que los familiares se encontraban en Damasco (Siria) y han debido esperar más de un año para poder trasladarse a España utilizando cauces legales.

CEUTA Y MELILLA

En cuanto a la llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla, el Defensor reconoce en primer lugar “los indudables esfuerzos realizados por la Secretaría General de Inmigración y Emigración en colaboración con la Dirección General de la Policía, que han conseguido agilizar el traslado desde los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) a la península”.

También valora la implicación del personal de la Administración y las ONG que trabajan en esos centros, los vecinos de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como el comportamiento de los residentes “que, salvo incidentes puntuales, han facilitado la normal convivencia, a pesar de la constante sobreocupación de los centros”.

No obstante, el Defensor expresa su “preocupación” por cuestiones que siguen ser resueltas, como “la presencia sostenida de un alto número de menores de edad en el CETI de Melilla, que en algunos meses del año 2015 ha superado la capacidad teórica total del centro, así como de personas con discapacidades físicas severas.

Por otra parte, el Defensor dice que son “constantes” las quejas de ciudadanos extracomunitarios, cónyuges, ascendientes y descendientes de nacionales españoles, por la dificultad para obtener o renovar su autorización de residencia.